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viernes, 20 de marzo de 2026

Claves de la Directiva Europea Marco del Agua

Fuente de la imagen: mvc, realizada con la herramienta Notebook
Claves de la Directiva Europea Marco del Agua: Un análisis técnico y humano 💧⚖️

La gestión de los recursos hídricos es una prioridad en la agenda europea.

Compartimos este videotutorial de Velasco-Carretero sobre la normativa vigente. 🌍

Lo que destaca:

🔹 Contenido de Valor: Un desglose de la Directiva Marco del Agua.

🔹 Elaboración Humana: El vídeo ha sido editado con Inteligencia Natural (IN), marcando una clara diferencia frente a los contenidos generados por IA.

⚠️ AVISO LEGAL IMPORTANTE ⚠️ El autor establece condiciones estrictas para el uso de este material:

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Fomentemos un aprendizaje respetuoso con la propiedad intelectual y la creación humana. 🧠✨

#GestiónHídrica #Sostenibilidad #DirectivaMarcoAgua #InteligenciaNatural #PropiedadIntelectual #MedioAmbiente

domingo, 17 de noviembre de 2024

Prevención ambiental de las aguas

Fuente de la imagen: mvc archivo propio
En este vídeo, M. Velasco, gestor administrativo por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de España, economista, abogado colegiado no ejerciente, titulado mercantil, doctorando en ciencias jurídicas y sociales en la Universidad de Málaga, miembro del Registro de Expertos en Cumplimiento Normativo y Digitalización del Consejo General de Economistas de España (ECN-CGE), así como experto universitario en compliance, profundiza en la prevención ambiental de las aguas.

viernes, 6 de octubre de 2006

Dominio público de los hidrocarburos

Fuente de la imagen: mvc archivo propio
Además del art. 132.2 de la Constitución Española (CE), en específico es de aplicación la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos (LH)[1] y sus sucesivas modificaciones. En ese sentido, tienen la consideración de bienes de dominio público estatal, los yacimientos de hidrocarburos y almacenamientos subterráneos existentes en el territorio del Estado y en el subsuelo del mar territorial y de los fondos marinos que estén bajo la soberanía del Reino de España conforme a la legislación vigente y a los convenios y tratados internacionales de los que sea parte[2], reconociéndose la libre iniciativa empresarial para el mercado de productos derivados del petróleo y el suministro de gases combustibles por canalización[3]. Estas actividades se ejercen garantizando el suministro de productos petrolíferos y de gas por canalización a los consumidores demandantes dentro del territorio nacional y tendrán la consideración de actividades de interés económico general[4]. La finalidad del legislador es la regulación del régimen jurídico de las actividades relativas a los hidrocarburos líquidos y gaseosos[5], incluyendo la exploración, investigación y explotación de yacimientos y de almacenamientos subterráneos de hidrocarburos; el comercio exterior, refino, transporte, almacenamiento y distribución de crudo de petróleo y productos petrolíferos, incluidos los gases licuados del petróleo, así como la adquisición, producción, licuefacción, regasificación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de combustibles gaseosos por canalización[6].

Las autoridades reguladoras son el Gobierno, la Administración General del estado (AGE) y la Comisión Nacional de Energía. Entre otras competencias, corresponde al Gobierno la planificación, la regulación y la determinación de tarifas de último recurso, metodología para el cálculo de cánones y otros cargos. Entre otras competencias, corresponde a la AGE otorgar autorizaciones y permisos, impartir instrucciones, inspeccionar y sancionar[7]. En cuanto a la planificación en materia de hidrocarburos, ésta tendrá carácter indicativo, salvo en lo que se refiere a las instalaciones integrantes de la red básica de gas natural, a la red de transporte secundario, a la determinación de la capacidad de regasificación total de gas natural licuado necesaria para abastecer el sistema gasista, a las instalaciones de almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos líquidos y de almacenamiento básico de gas natural, a las instalaciones de transporte secundario y a la determinación de criterios generales para el establecimiento de instalaciones de suministro de productos petrolíferos al por menor, teniendo en estos casos carácter obligatorio para la garantía de suministro de hidrocarburos[8]. La planificación de instalaciones de transporte de gas y de almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos, así como los criterios generales para el emplazamiento de instalaciones de suministro de productos petrolíferos al por menor, deberán tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio, de ordenación urbanística o de planificación de infraestructuras viarias según corresponda, precisando las posibles instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes[9].

Las personas jurídicas, públicas o privadas pueden realizar cualquiera de las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos mediante la obtención de las correspondientes autorizaciones, permisos y concesiones, que se otorguen de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia y no discriminación. Los permisos de investigación y las concesiones de explotación sólo pueden ser otorgados, individualmente o en titularidad compartida, a sociedades mercantiles[10] que acrediten su capacidad técnica y financiera para llevar a cabo las operaciones de investigación y, en su caso, de explotación de las áreas solicitadas[11]. El operador es el representante del conjunto de titulares ante la Administración a los efectos de presentación de documentación, gestión de garantías y responsabilidades técnicas de las labores de prospección, evaluación y explotación[12]. La exploración superficial terrestre de mero carácter geológico puede efectuarse libremente en todo el territorio nacional[13]. El Ministerio competente[14] puede autorizar en áreas libres trabajos de exploración de carácter geofísico u otros que no impliquen la ejecución de perforaciones profundas definidas así reglamentariamente[15]. Los permisos de investigación se otorgan por el Gobierno o por los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas cuando afecte a su ámbito territorial y conferirán el derecho exclusivo de investigar las áreas a que vayan referidas durante un período de seis años[16].

La concesión de explotación de yacimientos de hidrocarburos confiere a sus titulares el derecho a realizar en exclusiva la explotación del yacimiento de hidrocarburos en las áreas otorgadas por un período de treinta años, prorrogable por dos períodos sucesivos de diez, y a continuar las actividades de investigación en dichas áreas y a la obtención de autorizaciones para estas actividades, pudiendo vender libremente los hidrocarburos obtenidos[17]. Los titulares de una concesión de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos tienen derecho a almacenar hidrocarburos de producción propia o propiedad de terceros en el subsuelo del área otorgada y se otorga por un período de treinta años, prorrogable por dos períodos sucesivos de diez años. Asimismo, pueden realizar actividades de investigación de dichos almacenamientos. Si por razones técnicas se requiere la extracción de hidrocarburos existentes en la estructura subterránea objeto de la concesión de almacenamiento subterráneo, los titulares de la misma pueden proceder a la extracción de los hidrocarburos de acuerdo con las condiciones establecidas en el otorgamiento de la concesión[18].

Las actividades de refino de crudo de petróleo, el transporte, almacenamiento, distribución y venta de productos derivados del petróleo, incluidos los gases licuados del petróleo, pueden ser realizadas libremente en los términos previstos en la LH, sin perjuicio de las obligaciones que puedan derivarse de otras disposiciones, de la correspondiente legislación sectorial y, en especial, de las fiscales, de las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente y de protección de los consumidores y usuarios. Las actividades de importación, exportación e intercambio intracomunitario de crudo de petróleo y productos petrolíferos se realizan sin más requisitos que los que se deriven de la aplicación de la normativa comunitaria, sin perjuicio de la normativa fiscal aplicable[19]. Los precios de los productos derivados del petróleo son libres[20]. Las actividades de fabricación, regasificación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles gaseosos pueden ser realizadas libremente en los términos previstos en la LH, sin perjuicio de las obligaciones que puedan derivarse de otras disposiciones, y en especial de las fiscales y de las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente y a la defensa de los consumidores y usuarios. A efectos de la LH, son combustibles gaseosos el gas natural y sus especialidades gas natural licuado y gas natural comprimido y los gases combustibles manufacturados o sintéticos[21]. Las actividades de importación, exportación e intercambios comunitarios de combustibles gaseosos se realizan sin más requisitos que los que deriven de la normativa comunitaria[22]. Fuente de la información: normativa referenciada. Contenido actualizado conforme a la modificación de la legislación.
______________________
[1] Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. Publicado en BOE núm. 241, de 08/10/1998. Entrada en vigor: 09/10/1998.
[2] Art. 2 LH.
[3] Títulos III y IV de la LH.
[4] Respecto de dichas actividades, las Administraciones públicas ejercerán las facultades previstas en la LH.
[5] Las actividades destinadas al suministro de hidrocarburos líquidos y gaseosos se ejercerán bajo los principios de objetividad, transparencia y libre competencia.
[6] Art. 1 LH.
[7] Art. 3 LH.
[8] Art. 4 LH.
[9] Art. 5 LH.
[10] Las sociedades mercantiles deberán incluir en su objeto social la realización de actividades de exploración, investigación o explotación de hidrocarburos o de almacenamientos subterráneos.
[11] En el caso de titularidad compartida de permisos de investigación o concesiones de explotación, el conjunto de titulares deberá designar a uno de ellos como operador, sin perjuicio de su responsabilidad solidaria frente a la Administración por todas las obligaciones que de ellos se deriven.
[12] Art. 8 LH.
[13] Art. 13 LH.
[14] O el órgano competente de la Comunidad Autónoma cuando afecte a su ámbito territorial.
[15] Art. 15 LH.
[16] Con carácter excepcional, este período podrá ser prorrogado, a petición del interesado, por un plazo de tres años. El otorgamiento de prórroga supondrá la reducción de la superficie original del permiso en un 50 por 100 y estará condicionada al cumplimiento por el titular del permiso de las obligaciones establecidas para el primer período de vigencia.
[17] Art. 24 LH.
[18] Art. 24 bis LH.
[19] Art. 37 LH.
[20] Art. 38 LH.
[21] Donde se puede distinguir entre mezclas de gas natural, butano o propano con aire; el biogás o cualquier otro gas obtenido a partir de la biomasa; cualquier otro tipo de gas combustible manufacturado o sintético o mezcla de gas combustible con aire.
[22] Art. 54 LH.

miércoles, 27 de septiembre de 2006

Dominio público minero

Fuente de la imagen: mvc archivo propio
Además de la Constitución Española (CE), cuando recoge que, entre otros, son bienes de dominio público estatal los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental[1], el ordenamiento jurídico en la materia se apoya en la Ley 22/1973 de Minas (LM)[2] y las sucesivas modificaciones[3]. También, mencionar el Reglamento General para el Régimen de Minería[4] y las sucesivas modificaciones. La LM tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, cualesquiera que fueren su origen y estado físico[5], excepto los hidrocarburos líquidos y gaseosos y lo relativo a las aguas, la energía nuclear y la investigación o explotación de estructuras subterráneas para su utilización como almacenamiento geológico de dióxido de carbono se regirá por su legislación específica. Por tanto, todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental, son bienes de dominio público[6], cuya investigación y aprovechamiento el Estado podrá asumir directamente o ceder en la forma y condiciones que se establecen en LM y demás disposiciones vigentes en cada caso[7].

El legislador clasifica los yacimientos minerales y demás recursos geológicos en las siguientes secciones[8]: Sección A. - Los de escaso valor económico y comercialización geográficamente restringida, así como aquellos cuyo aprovechamiento único sea el de obtener fragmentos de tamaño y forma apropiados para su utilización directa en obras de infraestructura, construcción y otros usos que no exigen más operaciones que las de arranque, quebrantado y calibrado. Sección B. - Las aguas minerales, las termales, las estructuras subterráneas y los yacimientos formados como consecuencia de operaciones reguladas por la LM. Sección C. - Cantos yacimientos minerales y recursos geológicos no estén incluidos en las anteriores y sean objeto de aprovechamiento conforme a la LM. Sección D. - Los carbones, los minerales radiactivos, los recursos geotérmicos, las rocas bituminosas y cualesquiera otros yacimientos minerales o recursos geológicos de interés energético que el Gobierno acuerde incluir en esta sección, a propuesta del Ministerio de Industria y Energía, previo informe del Instituto Geológico y Minero de España[9].

Apunta el legislador[10] que para el perfeccionamiento y actualización del conocimiento geológico y minero del país, toda persona natural o jurídica u órgano de la Administración que realice un trabajo, cualquiera que sea su clase y objeto, cuya profundidad sobrepase los veinticinco metros por debajo de la superficie del suelo emergido o a cualquier profundidad en suelos sumergidos, consolidados o no, deberá[11] informar[12] de la iniciación de los trabajos y suministrar al Instituto Geológico y Minero de España[13] los datos geológicos y mineros que del trabajo en cuestión se hayan obtenido, así como permitir al personal titulado competente designado por el Ministerio del ramo el acceso a las obras, a fin de comprobar dichos datos o completar la toma de los mismos. Asimismo, el Ministerio correspondiente ¿Industria? tiene encomendada la realización de los estudios necesarios para adecuar a las previsiones de los Planes de Desarrollo Económico y Social el Programa Nacional de Investigación Minera y el de Revalorización de la Minería, al objeto de lograr su permanente actualización, ajustándose a dichos programas la acción estatal en cuanto al aprovechamiento de los recursos objeto de la LM[14].

Asimismo, el Estado podrá reservarse zonas de cualquier extensión en las que el aprovechamiento de uno o varios yacimientos minerales y demás recursos geológicos pueda tener especial interés para el desarrollo económico y social o para la defensa nacional[15]. Estas zonas de reserva podrán ser especiales[16], para uno o varios recursos determinados en todo el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental; provisionales, para la exploración e investigación, en zonas o áreas definidas, de todos o alguno de sus recursos; o definitivas[17], para la explotación de los recursos evaluados en zonas o áreas concretas de una reserva provisional. En cuanto al aprovechamiento de la Sección A, cuando se encuentren en terrenos de propiedad privada, el aprovechamiento corresponderá al dueño de los mismos[18], salvo para el caso de que el titular del terreno sea un extranjero[19]. Cuando los recursos se hallen en terrenos patrimoniales del Estado, Provincia o Municipio, podrán sus titulares aprovecharlos directamente o ceder a otros sus derechos. Cuando se encuentren en terrenos de dominio y uso público, serán de aprovechamiento común.

Para ejercitar el derecho al aprovechamiento de estos recursos deberá obtenerse previamente a la iniciación de los trabajos, la oportuna autorización de explotación de la Delegación Provincial correspondiente del Ministerio de Industria, una vez cumplidos los requisitos que disponga el Reglamento de la LM[20]. El titular de la autorización de explotación deberá comenzar los trabajos, ajustándose a un programa inicial de los mismos, dentro del plazo de seis meses a contar de la notificación de su otorgamiento, y comunicar al organismo que la concedió cualquier paralización de la actividad o modificación del programa inicial, en los casos que reglamentariamente se establezcan[21]. Respecto a la Sección B, considera el legislador las aguas mineromedicinales las alumbradas natural o artificialmente que por sus características y cualidades sean declaradas de utilidad pública y por minero-industriales, las que permitan el aprovechamiento racional de las sustancias que contengan. Las aguas termales son las aguas con una temperatura de surgencia superior en cuatro grados a la media del lugar donde alumbren[22]. La declaración de la condición de mineral de unas aguas determinadas será requisito previo para la autorización de su aprovechamiento como tales[23]. El Estado concederá el derecho preferente al aprovechamiento de las aguas minerales a quien fuere propietario de las mismas en el momento de la declaración de su condición mineral, quien podrá ejercitarlo directamente en la forma y condiciones que en el presente título se determinan o cederlo a terceras personas.

El derecho preferente al aprovechamiento de los manantiales o alumbramientos que se encuentren en terrenos de dominio público corresponderá a la persona que hubiere instado el expediente para obtener la declaración de la condición mineral de las aguas. Este derecho preferente al aprovechamiento prescribirá al año de haberse efectuado la notificación de la resolución ministerial, sin haberlo ejercitado[24]. El legislador entiende por estructura subterránea todo depósito geológico, natural o artificialmente producido como consecuencia de actividades reguladas por la LM, cuyas características permitan retener naturalmente y en profundidad cualquier producto o residuo que en él se vierta o inyecte. La prioridad en el aprovechamiento de los residuos obtenidos en operaciones de investigación, explotación o beneficio corresponde al titular de los derechos mineros en los que se hayan producido aquéllos. Si estos yacimientos están situados en terrenos que fueron ocupados por derechos mineros caducados, la prioridad corresponde al propietario o poseedor legal de los terrenos. Para su aprovechamiento en este segundo caso, deberá obtenerse autorización de la Delegación Provincial correspondiente[25]. En cuanto a las estructuras subterráneas, cualquier persona natural o jurídica que reúna las condiciones exigidas en la LM podrá obtener autorización para utilizar una estructura subterránea, mediante la preceptiva solicitud en el formato que regule el RLM[26].

Y en relación con la Sección C, los permisos de exploración de estos recursos se otorgan sin excluir de su perímetro los terrenos que no fueran francos y registrables en el momento de presentarse la solicitud, pero su titular no podrá realizar exploraciones en ellos sin la previa autorización de los titulares o adjudicatarios de los permisos, concesiones o reservas de que dichos terrenos formen parte. Para el otorgamiento de los permisos de investigación y de las concesiones directas de explotación de recursos de dicha Sección, será preciso que los terrenos sobre los que recaiga reúnan las condiciones de francos y registrables[27]. El Legislador considera un terreno como franco si no estuviera comprendido dentro del perímetro de una zona de reserva del Estado[28], propuesta o declarada para toda clase de recursos de la Sección C), o de los perímetros solicitados o ya otorgados de un permiso de exploración, un permiso de investigación o una concesión de explotación[29]. Se considera un terreno como registrable si, además de ser franco, tiene la extensión mínima exigible[30]. El Gobierno podrá declarar no registrales zonas determinadas por razones de interés público, a propuesta conjunta del Departamento o Departamentos ministeriales interesados y del de Industria, previo informe de la Organización Sindical. 

Finalmente, el derecho al aprovechamiento de recursos de la Sección C) lo otorga el Estado por medio de una concesión de explotación[31] en la forma, requisitos y condiciones que se establecen en la LM[32], siendo necesario que se haya puesto de manifiesto uno o varios recursos susceptibles de aprovechamiento racional[33]. Esta concesión se otorgará por un período de treinta años, prorrogable por plazos iguales hasta un máximo de noventa años[34]. El otorgamiento de una concesión de explotación confiere a su titular el derecho al aprovechamiento de todos los recursos que se encuentren dentro del perímetro de la misma, excepto los que previamente se hubiera reservado el Estado. Fuente de la información, normativa referenciada. Contenido actualizado conforme a la nueva legislación que se ha ido publicando. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.
__________________________
[1] Art. 132. 2 CE.
[2] Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Publicado en BOE núm. 176, de 24/07/1973. Entrada en vigor: 13/08/1973.
[3] Registradas desde 1975 a la fecha.
[4] Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería. Publicado en BOE núm. 295, de 11/12/1978. Entrada en vigor: 01/01/1979.
[5] Art. 1 LM.
[6] En cuanto al dominio de las aguas, se estará a lo dispuesto en el Código Civil y Leyes especiales, sin perjuicio de lo que establece la presente Ley en orden a su investigación y aprovechamiento.
[7] Art. 2 LM.
[8] Art. 3 LM.
[9] Quedan fuera la extracción ocasional y de escasa importancia de recursos minerales, cualquiera que sea su clasificación, siempre que se lleve a cabo por el propietario de un terreno para su uso exclusivo y no exija la aplicación de técnica minera alguna.
[10] Art. 6 LM.
[11] Además de obtener las autorizaciones que fueren pertinentes.
[12] A la Delegación Provincial correspondiente del Ministerio de Industria.
[13] Si éste lo solicita.
[14] Art. 5 LM.
[15] Art. 7 LM.
[16] Las zonas de reserva especial se declararán por un plazo máximo de cinco años, prorrogables únicamente por Ley.
[17] Las zonas de reserva provisional o definitiva se establecerán por los plazos que reglamentariamente se determinen, los cuales no podrán ser superiores a los concedidos por los artículos cuarenta, cuarenta y cinco y sesenta y dos de la LM para permisos de explotación, permisos de investigación y concesiones de explotación, respectivamente. No se podrá declarar definitiva una zona de reserva provisional o partes de ella sin haberse puesto de manifiesto la existencia de uno o varios recursos reservados y susceptibles de aprovechamiento racional, con arreglo a los criterios establecidos en el capítulo cuarto del Título V de la LM.
[18] Art. 16 LM.
[19] O a las personas físicas o jurídicas a quienes ceda sus derechos, en los términos y condiciones que en el presente título se determinan, sin perjuicio de lo establecido en el capítulo segundo del Título II y en los artículos veinte y veintiuno.
[20] Art. 17 LM.
[21] Art. 18 LM.
[22] Art. 23 LM.
[23] Art. 24 LM.
[24] Art. 25 LM.
[25] Art. 31LM.
[26] Art. 34 LM.
[27] Art. 37 LM.
[28] Tratándose de zonas de reserva del Estado para uno o varios recursos determinados, el terreno comprendido en ellas se considerará franco para recursos distintos a los reservados.
[29] Art. 38 LM.
[30] Art. 39 LM.
[31] La concesión se otorgará siempre para una extensión determinada y concreta, medida en cuadrículas mineras completas.
[32] Art. 60 LM.
[33] Art. 61 LM.
[34] Art. 62 LM.

domingo, 2 de julio de 2006

Dominio público de las aguas marítimas

Fuente de la imagen: mvc archivo propio
En virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución Española (CE), son bienes de dominio público marítimo-estatal[1] la ribera del mar y de las rías, que incluye la zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas. Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, las partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar[2]. Asimismo, son bienes de dominio público marítimo las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.

Igualmente, entre otros, pertenece al dominio público marítimo-terrestre estatal[3] las accesiones a la ribera del mar por depósito de materiales o por retirada del mar, cualesquiera que sean las causas; los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras, y los desecados en su ribera; los terrenos inundados que sean navegables; los terrenos acantilados sensiblemente verticales, que estén en contacto con el mar o con espacios de dominio público marítimo-terrestre, hasta su coronación; los terrenos deslindados como dominio público que por cualquier causa han perdido sus características naturales de playa, acantilado, o zona marítimo-terrestre; los islotes en aguas interiores y mar territorial; los terrenos colindantes con la ribera del mar que se adquieran para su incorporación al dominio público marítimo-terrestre; las obras e instalaciones construidas por el Estado en dicho dominio; los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal, que se regularán por su legislación específica.

Indistintamente, son de dominio público estatal las islas que estén formadas o se formen por causas naturales en el mar territorial o en aguas interiores o en los ríos hasta donde se hagan sensibles las mareas, salvo las que sean de propiedad privada de particulares o entidades públicas o procedan de la desmembración de ésta. En el Real Decreto Legislativo 2/2011 (TRLPyMM)[4], clasifica el legislador los puertos en marítimos, comerciales y los de interés general, denominando puerto marítimo al conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones que, situado en la ribera de la mar o de las rías, reúna condiciones físicas, naturales o artificiales y de organización que permitan la realización de operaciones de tráfico portuario, y sea autorizado para el desarrollo de estas actividades por la Administración competente[5]. Los puertos comerciales son aquellos los que, en razón a las características de su tráfico, reúnen condiciones técnicas, de seguridad y de control administrativo para que en ellos se realicen actividades comerciales portuarias, entendiendo por tales las operaciones de estiba, desestiba, carga, descarga, transbordo y almacenamiento de mercancías de cualquier tipo, en volumen o forma de presentación que justifiquen la utilización de medios mecánicos o instalaciones especializadas[6].

Los puertos de interés general se encuentran enumerados en el Anexo I del TRLPyMM, enmarcados en circunstancias tales como que se efectúen en ellos actividades comerciales marítimas internacionales; que su zona de influencia comercial afecte de forma relevante a más de una Comunidad Autónoma; que sirvan a industrias o establecimientos de importancia estratégica para la economía nacional; que el volumen anual y las características de sus actividades comerciales marítimas alcancen niveles suficientemente relevantes o respondan a necesidades esenciales de la actividad económica general del Estado y que, por sus especiales condiciones técnicas o geográficas, constituyan elementos esenciales para la seguridad del tráfico marítimo, especialmente en territorios insulares. En cuanto al concepto de mar territorial, el legislador establece en la Ley 10/1977, sobre mar territorial (LMT)[7], que la soberanía del Estado español se extiende, fuera de su territorio y de sus aguas interiores, al mar territorial adyacente a sus costas, delimitado de conformidad con lo preceptuado en la normativa de aplicación.

Dicha soberanía se ejerce, de conformidad con el Derecho Internacional, sobre la columna de agua, el lecho, el subsuelo y los recursos de ese mar, así como el espacio aéreo suprayacente[8]. El límite interior del mar territorial viene determinado por la línea de la bajamar escorada y, en su caso, por las líneas de base rectas que sean estableadas por el Gobierno[9]. El límite exterior del mar territorial está determinado por una línea trazada de modo que los puntos que la constituyen se encuentren a una distancia de doce millas náuticas de los puntos más próximos de las líneas de base a que se refiere el artículo anterior[10]. Salvo mutuo acuerdo en contrario, el mar territorial no se extiende[11] más allá de una línea media determinada de forma tal que todos sus puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial de cada uno de dichos países, trazadas de conformidad con el Derecho Internacional.

Entiende el legislador[12] que la utilización del dominio público marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribera es libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a la LC[13]. Únicamente, se puede permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación[14]. En cuanto a las playas[15], no son de uso privado, sin perjuicio de lo establecido lo relativo a las reservas demaniales. Las instalaciones que en ellas se permitan, son de libre acceso público, salvo que, por razones de policía, de economía u otras de interés público, debidamente justificadas, se autoricen otras modalidades de uso. Las edificaciones de servicio de playa se ubican, preferentemente, fuera de ella, con las dimensiones y distancias que reglamentariamente se determinen[16]. Se prohíbe el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos, así como los campamentos y acampadas.

Esta ocupación del dominio público en ningún caso implica la cesión de éste, ni su utilización significa la cesión de las facultades demaniales de la Administración del Estado, ni la asunción por ésta de responsabilidades de ningún tipo respecto al titular del derecho a la ocupación o a terceros. El mencionado titular es responsable de los daños y perjuicios que puedan ocasionar las obras y actividades al dominio público y al privado, salvo en el caso en que aquellos tengan su origen en alguna cláusula impuesta por la Administración al titular y que sea de ineludible cumplimiento por éste[17]. También, se encuentra prohibida la publicidad permanente a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales, si bien, excepcionalmente se puede autorizar la publicidad siempre que sea parte integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas en el dominio público marítimo-terrestre y siempre que sea compatible con su protección[18].

La Administración General del Estado (AGE) puede reservarse la utilización total o parcial de determinadas pertenencias del dominio público marítimo-terrestre exclusivamente para el cumplimiento de fines de su competencia[19], que puede dedicarse a la realización de estudios e investigaciones, o para obras, instalaciones o servicios. Su duración se limita al tiempo necesario para el cumplimiento de los fines. La utilización o explotación de las zonas de reserva puede ser realizada por cualquiera de las modalidades de gestión directa o indirecta que se determinen reglamentariamente[20] y no puede amparar en ningún caso la realización de otros usos o actividades distintas de las que justificaron la declaración. En cuanto a la adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las Comunidades Autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquellas, o de ampliación o modificación de los existentes, se formaliza por la AGE[21], conservando la porción de dominio público adscrita tal calificación jurídica, correspondiendo a la Comunidad Autónoma la utilización y gestión de la misma, adecuadas a su finalidad y con sujeción a las disposiciones pertinentes[22].

Están sujetas a previa autorización administrativa las actividades en las que, aun sin requerir obras o instalaciones de ningún tipo, concurran circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y asimismo la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes muebles. En ese sentido, se entienden por instalaciones desmontables aquéllas que precisen a lo sumo obras puntuales de cimentación, que en todo caso no sobresaldrán del terreno; estén constituidas por elementos de serie prefabricados, módulos, paneles o similares, sin elaboración de materiales en obra ni empleo de soldaduras o se monten y desmonten mediante procesos secuenciales, pudiendo realizarse su levantamiento sin demolición y siendo el conjunto de sus elementos fácilmente trasportable[23]. Para la explotación de servicios de temporada en las playas, que sólo requieran instalaciones desmontables, se requieren autorizaciones otorgadas a los Ayuntamientos que lo soliciten, en la forma que se determine reglamentariamente y con sujeción a las condiciones que se establezcan en las normas generales y específicas correspondientes. En caso de que los Ayuntamientos opten por explotar los servicios de temporada a través de terceros, aquéllos deben garantizar que en los correspondientes procedimientos de otorgamiento se respeten los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva. En ningún caso el otorgamiento de estas autorizaciones puede desnaturalizar el principio del uso público de las playas[24].

Establece el legislador que toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras o instalaciones no desmontables está sujeta a previa concesión otorgada por la Administración del Estado, teniendo el concesionario derecho al uso privativo de los bienes objeto de concesión. En todo caso y de acuerdo con lo que reglamentariamente se disponga, se garantizará en estos terrenos, el libre acceso y tránsito de las autoridades y funcionarios competentes cuando fuera necesario por razones de defensa nacional, de salvamento, seguridad marítima, represión del contrabando, para el ejercicio de las funciones de policía de dominio público marítimo-terrestre y para el cumplimiento de las demás funciones que tengan atribuidas. En caso de accidente en el mar, o cuando por razones de seguridad en el tráfico marítimo sea necesario para la salvaguardia de las personas y las embarcaciones, se pueden depositar en los terrenos objeto de concesión, las embarcaciones y sus pertrechos[25].

Expresa el Legislador en el art. 31 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (LC)[26], que la utilización del dominio público marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribera es libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a la Ley. En ese sentido, la actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre persigue determinar dicho dominio, asegurando su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección, y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático; garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo-terrestre, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas; regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico y conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar[27]. Como ya se ha expresado en otro apartado, conforme a lo dispuesto en el artículo 132.1 de la Constitución, los bienes de dominio público marítimo-terrestre definidos en esta Ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables[28], no admitiéndose más derechos que los de uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable, careciendo de todo valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad. 

El legislador clasifica las servidumbres como de protección, de tránsito y de acceso al mar. La servidumbre de protección recae en una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, que podrá ser ampliada hasta un máximo de otros 100 metros, cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la servidumbre, en atención a las peculiaridades del tramo de costa de que se trate[29]. En esta zona está prohibido edificaciones destinadas a residencia o habitación; construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de intensidad de tráfico superior a la que se determine reglamentariamente, así como de sus áreas de servicio; actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos naturales o no consolidados, entendiéndose por tales los lugares donde existen acumulaciones de materiales detríticos tipo arenas o gravas; tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión; vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración y la publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales[30]. La servidumbre de tránsito recae sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar, que deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos[31].

En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte necesario, hasta un máximo de 20 metros. Esta zona podrá ser ocupada excepcionalmente por obras a realizar en el dominio público marítimo-terrestre[32]. Finalmente, la servidumbre de acceso público y gratuito al mar recae sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimo-terrestre, en la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso[33]: en las zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico rodado deberán estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros[34]. Entiende el legislador que la ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en una zona, cuya anchura se determina en los instrumentos correspondientes y que es como mínimo de 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar, respetará las exigencias de protección del dominio público marítimo-terrestre a través de los siguientes criterios[35]: a) En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se prevén reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito. b) Las construcciones deben adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística. Se debe evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo[36]. Fuente de la información: normativa referenciada.
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[1] Art. 3 LC.
[2] No obstante, no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio público.
[3] Art. 4 LC
[4] Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. BOE» núm. 253, de 20/10/2011. Entrada en vigor:2 1/10/2011.
[5] Art. 2.1 TRLPyMM.
[6] Art. 3.1 TRLPyMM.
[7] Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre mar territorial. Publicado en BOE núm. 7, de 08/01/1977. Entrada en vigor: 28/01/1977.
[8] Art. 1 LMT.
[9] Art. 2 LMT.
[10] Art. 3 LMT.
[11] En relación con los países vecinos y con aquellos cuyas costas se encuentren frente a las españolas.
[12] Art. 31 LC.
[13] Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones sólo podrán ampararse en la existencia de reserva, adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en la LC, en otras especiales, en su caso, y en las normas generales o específicas correspondientes, sin que pueda invocarse derecho alguno en virtud de usucapión, cualquiera que sea el tiempo transcurrido.
[14] Art. 32 LC.
[15] Art. 33 LC.
[16] La ocupación de la playa por instalaciones de cualquier tipo, incluyendo las correspondientes a servicios de temporada, no podrá exceder, en conjunto, de la mitad de la superficie de aquélla en pleamar y se distribuirá de forma homogénea a lo largo de la misma.
[17] Art. 37 LC.
[18] Art. 38 LC
[19] Art. 47 LC.
[20] Art. 48 LC.
[21] Art. 49 LC.
[22] En todo caso, el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos, incluidas las prórrogas, no podrá ser superior al plazo máximo de vigencia establecido en la legislación estatal para las concesiones sobre dominio público portuario en los puertos de interés general.
[23] Art. 51 LC.
[24] Las autorizaciones cuyo objeto sea la explotación de servicios de temporada en las playas, que sólo requieran instalaciones desmontables, serán otorgadas a los Ayuntamientos que lo soliciten, en la forma que se determine reglamentariamente y con sujeción a las condiciones que se establezcan en las normas generales y específicas correspondientes. En caso de que los Ayuntamientos opten por explotar los servicios de temporada a través de terceros, aquéllos garantizarán que en los correspondientes procedimientos de otorgamiento se respeten los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva. 2. En ningún caso el otorgamiento de estas autorizaciones podrá desnaturalizar el principio del uso público de las playas. Art. 53 LC.
[25] Art. 64 LC.
[26] Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Publicado en BOE núm. 181, de 29/07/1988. Entrada en vigor: 29/07/1988.
[27] Art. 2 LC.
[28] Art. 7 LC.
[29] Art. 23 LC.
[30] Art. 25 LC.
[31] Art. 27 LC.
[32] En tal caso se sustituirá la zona de servidumbre por otra nueva en condiciones análogas, en la forma en que se señale por la Administración del Estado. También podrá ser ocupada para la ejecución de paseos marítimos.
[33] Art. 28 LC.
[34] Todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos al uso público a su terminación.
[35] Art. 30 LC.
[36] Para el otorgamiento de las licencias de obra o uso que impliquen la realización de vertidos al dominio público marítimo-terrestre se requerirá la previa obtención de la autorización de vertido correspondiente.

miércoles, 7 de junio de 2006

El dominio público hidráulico

Fuente de la imagen: mvc archivo propio
Para el legislador de mi país (TRLA)[1], constituyen el dominio público hidráulico del Estado las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia del tiempo de renovación; los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas; los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos; los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos y las aguas procedentes de la desalación de agua de mar[2]. La fase atmosférica del ciclo hidrológico sólo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice[3]. Define el Legislador álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua, como el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias[4], siendo de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular[5], atribución que no autoriza para hacer en ellos labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas o alterar su calidad en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas[6].

Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces, estando sujetas[7] a una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que se regulará reglamentariamente y a una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. En las zonas próximas a la desembocadura en el mar, en el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de personas y bienes, podrá modificarse la anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente se determine[8]. En caso de urgente necesidad el legislador prevé que se puedan realizar trabajos de protección de carácter provisional en las márgenes de los cauces, siendo responsables de los eventuales daños que pudieran derivarse de dichas obras los propietarios que las hayan construido[9]. Asimismo, las situaciones jurídicas derivadas de las modificaciones naturales de los cauces se regirán por lo dispuesto en la legislación civil. En cuanto a las modificaciones que se originen por las obras legalmente autorizadas se estará a lo establecido en la concesión o autorización correspondiente[10].

Define el legislador el lecho o fondo de los lagos y lagunas es el terreno que ocupan sus aguas en las épocas en que alcanzan su mayor nivel ordinario. Igualmente, lecho o fondo de un embalse superficial es el terreno cubierto por las aguas cuando éstas alcanzan su mayor nivel a consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo alimentan[11]. En cuanto a las charcas situadas en predios de propiedad privada se considerarán como parte integrante de los mismos siempre que se destinen al servicio exclusivo de tales predios y sin perjuicio de la aplicación de la legislación ambiental correspondiente[12]. En relación a los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, conservarán la calificación jurídica y la titularidad dominical que tuvieren[13], si bien, los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables[14].

El dominio público de los acuíferos o formaciones geológicas por las que circulan aguas subterráneas se entiende sin perjuicio de que el propietario del fundo pueda realizar cualquier obra que no tenga por finalidad la extracción o aprovechamiento del agua, ni perturbe su régimen ni deteriore su calidad[15]. No obstante, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, se podrán utilizar en un predio aguas procedentes de manantiales situados en su interior y aprovechar en él aguas subterráneas, cuando el volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos. En los acuíferos que hayan sido declarados como sobreexplotados, o en riesgo de estarlo, no podrán realizarse nuevas obras de las amparadas por este apartado sin la correspondiente autorización[16]. En cuanto a las aguas desaladas, se recoge en el TRLA[17] que, con carácter general, la actividad de desalación de agua marina o salobre queda sometida al régimen general establecido en esta Ley para el uso privativo del dominio público hidráulico[18]. Las obras e instalaciones de desalación declaradas de interés general del Estado pueden ser explotadas directamente por los órganos del Ministerio de Medio Ambiente, por las Confederaciones Hidrográficas o por las sociedades estatales[19]. Igualmente[20], mediante la suscripción de un convenio específico con los entes competenciales, las comunidades de usuarios o las juntas centrales de usuarios pueden ser beneficiarios directos de las obras e instalaciones de desalación que les afecten.

Las concesiones de aguas desaladas se otorgan por la AGE en el caso de que dichas aguas se destinen a su uso en una demarcación hidrográfica intercomunitaria. SI se ha suscrito un convenio específico, las concesiones de aguas desaladas se pueden otorgar directamente a las comunidades de usuarios o juntas centrales de usuarios[21]. En el supuesto de que el uso no vaya a ser directo y exclusivo del concesionario, la Administración concedente aprueba los valores máximos y mínimos de las tarifas, que han de incorporar las cuotas de amortización de las obras[22]. Asimismo, de cara a la planificación hidrológica y de la protección de las aguas, el legislador acota los siguientes términos[23]: Aguas continentales: todas las aguas en la superficie del suelo y todas las aguas subterráneas situadas hacia tierra desde la línea que sirve de base para medir la anchura de las aguas territoriales. Aguas superficiales: las aguas continentales, excepto las aguas subterráneas; las aguas de transición y las aguas costeras, y, en lo que se refiere al estado químico, también las aguas territoriales. Aguas subterráneas: todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo en la zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el subsuelo. Acuífero: una o más capas subterráneas de roca o de otros estratos geológicos que tienen la suficiente porosidad y permeabilidad para permitir ya sea un flujo significativo de aguas subterráneas o la extracción de cantidades significativas de aguas subterráneas.

Masa de agua superficial: una parte diferenciada y significativa de agua superficial, como un lago, un embalse, una corriente, río o canal, parte de una corriente, río o canal, unas aguas de transición o un tramo de aguas costeras. Masa de agua subterránea: un volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o acuíferos. Masa de agua artificial: una masa de agua superficial creada por la actividad humana. Masa de agua muy modificada: una masa de agua superficial que, como consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana, ha experimentado un cambio sustancial en su naturaleza. Servicios relacionados con el agua: todas las actividades relacionadas con la gestión de las aguas que posibilitan su utilización, tales como la extracción, el almacenamiento, la conducción, el tratamiento y la distribución de aguas superficiales o subterráneas, así como la recogida y depuración de aguas residuales, que vierten posteriormente en las aguas superficiales. Asimismo, se entenderán como servicios las actividades derivadas de la protección de personas y bienes frente a las inundaciones. Usos del agua: las distintas clases de utilización del recurso, así como cualquier otra actividad que tenga repercusiones significativas en el estado de las aguas. A efectos de la aplicación del principio de recuperación de costes, los usos del agua deberán considerar, al menos, el abastecimiento de poblaciones, los usos industriales y los usos agrarios.

Define el legislador la cuenca geográfica como la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y eventualmente lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta. La cuenca hidrográfica como unidad de gestión del recurso se considera indivisible[24]. En las cuencas hidrográficas que excedan el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma se constituyen “organismos de cuenca”[25] con las funciones y cometidos que se regulan en el TRLA[26]. Estos organismos de cuenca[27], con la denominación de Confederaciones Hidrográficas, son organismos autónomos[28] para regir y administrar por sí los intereses que les sean confiados; para adquirir y enajenar los bienes y derechos que puedan constituir su propio patrimonio; para contratar y obligarse y para ejercer, ante los Tribunales, todo género de acciones, sin más limitaciones que las impuestas por las Leyes. Sus actos y resoluciones ponen fin a la vía administrativa[29]. Entre las funciones de los organismos de cuenca se encuentran la elaboración del plan hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y revisión; la administración y control del dominio público hidráulico; la administración y control de los aprovechamientos de interés general o que afecten a más de una Comunidad Autónoma; el proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a los fondos propios del organismo, y las que les sean encomendadas por el Estado; las que se deriven de los convenios con Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otras entidades públicas o privadas, o de los suscritos con los particulares.

En cuanto a la demarcación geográfica[30], es la zona terrestre y marina compuesta por una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas a dichas cuencas. Como principal unidad a efectos de la gestión de cuencas, la demarcación hidrográfica constituye el ámbito espacial al que se aplican las normas de protección de las aguas contempladas en esta ley sin perjuicio del régimen específico de protección del medio marino que pueda establecer el Estado[31]. Son aguas de transición, las masas de agua superficial próximas a la desembocadura de los ríos que son parcialmente salinas como consecuencia de su proximidad a las aguas costeras, pero que reciben una notable influencia de flujos de agua dulce. Son aguas costeras[32], las aguas superficiales situadas hacia tierra desde una línea cuya totalidad de puntos se encuentra a una distancia de una milla náutica mar adentro desde el punto más próximo de la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales y que se extienden, en su caso, hasta el límite exterior de las aguas de transición. Los acuíferos que no correspondan plenamente a ninguna demarcación en particular se incluyen en la demarcación más próxima o apropiada, pudiendo atribuirse a cada una de las demarcaciones la parte de acuífero correspondiente a su respectivo ámbito territorial, y debiendo garantizarse, en este caso, una gestión coordinada mediante las oportunas notificaciones entre demarcaciones afectadas.

Los principios rectores en el ejercicio de las funciones del Estado en materia de aguas son la unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios. También, unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico y compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza[33]. Asimismo, en relación con los principios generales, todas las personas físicas o jurídicas tienen derecho a acceder a la información en materia de aguas[34] y, en particular, a la información sobre vertidos y calidad de las aguas. Los miembros de los órganos de gobierno y administración de los organismos de cuenca tienen derecho a obtener toda la información disponible en el organismo respectivo en las materias propias de la competencia de los órganos de que formen parte[35]. Al Estado le compete[36] la planificación hidrológica y la realización de los planes estatales de infraestructuras hidráulicas o cualquier otro estatal que forme parte de aquéllas; la adopción de las medidas precisas para el cumplimiento de los acuerdos y Convenios internacionales en materia de aguas; el otorgamiento de concesiones referentes al dominio público hidráulico en las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una sola Comunidad Autónoma y el otorgamiento de autorizaciones referentes al dominio público hidráulico, así como la tutela de éste, en las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial, de una sola Comunidad Autónoma[37].

El Consejo Nacional del Agua es el órgano superior de consulta y de participación en la materia del agua[38], estando constituido por la AGE, las CCAA, los EELL a través de la asociación de ámbito estatal con mayor implantación, los Organismos de cuenca, las organizaciones profesionales y económicas más representativas de ámbito estatal relacionadas con los distintos usos del agua, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito estatal y las entidades sin fines lucrativos de ámbito estatal cuyo objeto esté constituido por la defensa de intereses ambientales[39]. El Consejo Nacional del Agua informa preceptivamente del proyecto del Plan Hidrológico Nacional, antes de su aprobación por el Gobierno para su remisión a las Cortes; de los planes hidrológicos de cuenca, antes de su aprobación por el Gobierno; de los proyectos de las disposiciones de carácter general de aplicación en todo el territorio nacional relativas a la protección de las aguas y a la ordenación del dominio público hidráulico; de los planes y proyectos de interés general de ordenación agraria, urbana, industrial y de aprovechamientos energéticos o de ordenación del territorio en tanto afecten sustancialmente a la planificación hidrológica o a los usos del agua[40] y de las cuestiones comunes a dos o más organismos de cuenca en relación con el aprovechamiento de recursos hídricos y demás bienes del dominio público hidráulico[41].

En relación a la planificación hidrológica, la política del agua está al servicio de las estrategias y planes sectoriales que sobre los distintos usos establezcan las AAPP, sin perjuicio de la gestión racional y sostenible del recurso que debe ser aplicada por el Ministerio competente, o por las Administraciones hidráulicas competentes, que condicionará toda autorización, concesión o infraestructura futura que se solicite. En ese sentido, la planificación hidrológica tiene por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas objeto del ordenamiento jurídico aplicable, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales[42]. Recuerda el legislador que los planes hidrológicos son públicos y vinculantes, sin perjuicio de su actualización periódica y revisión justificada, y no crean por sí solos derechos en favor de particulares o entidades, por lo que su modificación no da lugar a indemnización. Esta planificación[43] se realiza mediante los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional, donde el ámbito territorial de cada plan hidrológico de cuenca será coincidente con el de la demarcación hidrográfica que corresponda. El Plan Hidrológico Nacional se aprueba por Ley[44] y contiene[45], en todo caso, las medidas necesarias para la coordinación de los diferentes planes hidrológicos de cuenca; la solución para las posibles alternativas que aquéllos ofrezcan; la previsión y las condiciones de las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenca y las modificaciones que se prevean en la planificación del uso del recurso y que afecten a aprovechamientos existentes para abastecimiento de poblaciones o regadíos.

Respecto a la utilización del dominio público hidráulico, los organismos de cuenca pueden imponer[46] la servidumbre forzosa de acueducto, si el aprovechamiento del recurso o su evacuación lo exige, y servidumbres de saca de agua y abrevadero, de estribo de presa y de parada o partidor, así como las de paso, cuando se trate de garantizar el acceso o facilitar el mismo a zona de dominio público de los cauces, para usos determinados, incluyendo los deportivos y recreativos, y, en general, cuantas servidumbres estén previstas en el Código Civil[47]. El expediente de constitución de servidumbre debe reducir, en lo posible, el gravamen que la misma implique sobre el predio sirviente. La variación de las circunstancias que dieron origen a la constitución de una servidumbre da lugar, a instancia de parte, al correspondiente expediente de revisión, que sigue los mismos trámites reglamentarios que los previstos en el de constitución. El beneficiario de una servidumbre forzosa debe indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al predio sirviente de conformidad con la legislación vigente. En toda acequia o acueducto, el cauce, los cajeros y las márgenes son considerados como parte integrante de la heredad o edificio a que vayan destinadas las aguas o, en caso de evacuación, de los que procedieran[48]. En cuanto a los predios inferiores se encuentran sujetos a recibir las aguas que naturalmente y sin obra del hombre desciendan de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastren en su curso. Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan esta servidumbre ni el del superior obras que la agraven. Si las aguas fueran producto de alumbramiento, sobrantes de otros aprovechamientos o se hubiese alterado de modo artificial su calidad espontánea, el dueño del predio inferior podrá oponerse a su recepción, con derecho a exigir resarcimiento de daños y perjuicios, de no existir la correspondiente servidumbre[49].

Sin necesidad de autorización administrativa[50], deja claro el legislador que todos pueden hacer uso de las aguas superficiales[51], mientras discurren por sus cauces naturales, para beber, bañarse y otros usos domésticos, así como para abrevar el ganado[52], usos comunes que han de llevarse a cabo de forma que no se produzca una alteración de la calidad y caudal de las aguas. Cuando se trate de aguas que circulen por cauces artificiales, tienen, además, las limitaciones derivadas de la protección del acueducto. En ningún caso, las aguas pueden ser desviadas de sus cauces o lechos, debiendo respetarse el régimen normal de aprovechamiento[53]. Se requiere previa declaración responsable[54], el ejercicio de la navegación y flotación; el establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos y cualquier otro uso, no incluido en el ordenamiento jurídico de aplicación, que no excluya la utilización del recurso por terceros. En cuanto a la adquisición del derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico, éste se obtiene por disposición legal o por concesión administrativa[55], extinguiéndose[56] por término del plazo de su concesión, por caducidad de la concesión, por expropiación forzosa o por renuncia expresa del concesionario. Cuando el destino dado a las aguas concedidas fuese el riego o el abastecimiento de población, el titular de la concesión puede obtener una nueva con el mismo uso y destino para las aguas, debiendo formular la solicitud en el trámite de audiencia previa en el expediente de declaración de extinción o durante los últimos cinco años de la vigencia de aquélla[57].

Establece el TRLA[58] que todo propietario de una finca puede aprovechar las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas, dentro de sus linderos, sin más limitaciones que las establecidas en el TRLA y las que se deriven del respeto a los derechos de tercero y de la prohibición del abuso del derecho[59]. El resto del uso privativo de las aguas requiere de una “concesión administrativa”[60], que se otorgan teniendo en cuenta la explotación racional conjunta de los recursos superficiales y subterráneos, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales concedidos[61]. Establece el legislador que toda concesión se otorga según las previsiones de los Planes Hidrológicos, con carácter temporal y plazo no superior a setenta y cinco años[62]. Su otorgamiento es discrecional, pero toda resolución debe estar motivada y adoptada en función del interés público. No obstante, los órganos de la Administración Central o de las CCAA pueden acceder a la utilización de las aguas previa autorización especial extendida a su favor o del Patrimonio del Estado, sin perjuicio de terceros. Para el caso de la necesidad de obras para la utilización de una concesión, cuyo coste no pueda ser amortizado dentro del tiempo que falta por transcurrir hasta el final del plazo de la concesión, éste puede prorrogarse por el tiempo preciso para que las obras puedan amortizarse, con un límite máximo de diez años y por una sola vez, siempre que dichas obras no se opongan al Plan Hidrológico correspondiente y se acrediten por el concesionario los perjuicios que se le irrogarían en caso contrario.

Las comunidades de usuarios son entidades conformadas por los usuarios del agua y otros bienes del dominio público hidráulico de una misma toma o concesión[63]. Cuando el destino dado a las aguas fuese principalmente el riego, se denominan comunidades de regantes; en otro caso, las comunidades reciben el calificativo que caracterice el destino del aprovechamiento colectivo[64]. Las comunidades de usuarios de aguas superficiales o subterráneas, cuya utilización afecte a intereses que les sean comunes, pueden formar una comunidad general para la defensa de sus derechos y conservación y fomento de dichos intereses. Del mismo modo, los usuarios individuales y las comunidades de usuarios pueden formar por convenio una junta central de usuarios con la finalidad de proteger sus derechos e intereses frente a terceros y ordenar y vigilar el uso coordinado de sus propios aprovechamientos[65].

Establece el legislador la protección de las aguas y del dominio público hidráulico[66] con la finalidad de prevenir el deterioro, proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas terrestres y humedales que dependan de modo directo de los acuáticos en relación con sus necesidades de agua; promover el uso sostenible del agua protegiendo los recursos hídricos disponibles y garantizando un suministro suficiente en buen estado y proteger y mejorar el medio acuático estableciendo medidas específicas para reducir progresivamente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias prioritarias, así como para eliminar o suprimir de forma gradual los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias; garantizar la reducción progresiva de la contaminación de las aguas subterráneas y evitar su contaminación adicional. Otras finalidades igual de trascendentes son paliar los efectos de las inundaciones y sequías; alcanzar, mediante la aplicación de la legislación correspondiente, los objetivos fijados en los tratados internacionales en orden a prevenir y eliminar la contaminación del medio ambiente marino: evitar cualquier acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo o cualquier otra acumulación que pueda ser causa de degradación del dominio público hidráulico y garantizar la asignación de las aguas de mejor calidad de las existentes en un área o región al abastecimiento de poblaciones. La policía de las aguas se ejerce por la Administración hidráulica competente.

Considera el legislador vertido los que se realicen directa o indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada, prohibiendo, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa[67]. La autorización de vertido tiene como objeto la consecución de los objetivos medioambientales establecidos en los planes hidrológicos[68]. Dichas autorizaciones se otorgan teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y de acuerdo con las normas de calidad ambiental y los límites de emisión fijados reglamentariamente. Se establecen condiciones de vertido más rigurosas cuando el cumplimiento de los objetivos medioambientales así lo requiera[69].

Entiende el legislador la reutilización de las aguas depuradas como la utilización para un nuevo uso privativo, antes de su devolución al dominio público hidráulico o marítimo-terrestre, de las aguas que, habiendo sido utilizadas por quien las derivó, se han sometido a un tratamiento que permite adecuar su calidad al uso al que se van a destinar. Las aguas sometidas a este tratamiento se denominan aguas regeneradas[70]. No tienen la condición de vertido la reutilización efectiva de las aguas regeneradas[71]. En usos industriales no tienen consideración de reutilización de aguas la recirculación de estas dentro de los procesos industriales de la propia actividad. Incide la legislación en que las Administraciones públicas, como un medio para promover la economía circular y reforzar la adaptación al cambio climático, deben impulsar la reutilización de aguas, previendo para ello los instrumentos económicos que consideren adecuados y valorando la concesión de ayudas al concesionario de aguas regeneradas, que pueden alcanzar la totalidad de los costes adicionales asociados a la reutilización de aguas[72]. Se prohíbe la reutilización de aguas para el consumo humano directo, salvo situaciones de declaración de catástrofe, en las que la autoridad sanitaria debe especificar los niveles de calidad exigidos a dichas aguas y los usos.

Tienen la consideración de humedales las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas artificialmente[73]. Toda actividad que afecte a tales zonas requiere autorización o concesión administrativa. Los Organismos de cuenca y la Administración ambiental competente coordinan sus actuaciones para la conservación, la protección eficaz, la gestión sostenible y la recuperación de las zonas húmedas, especialmente de aquéllas que posean un interés natural o paisajístico. También, los organismos de cuenca pueden promover la declaración de determinadas zonas húmedas como de especial interés para su conservación y protección, de acuerdo con la legislación medioambiental y, previo informe favorable de los órganos competentes en materia de Medio Ambiente, pueden promover la desecación de aquellas zonas húmedas, declaradas insalubres o cuyo saneamiento se considere de interés público.

En virtud del principio de recuperación de costes y teniendo en cuenta proyecciones económicas a largo plazo, las Administraciones públicas competentes establecen los oportunos mecanismos para repercutir los costes de los servicios relacionados con la gestión del agua, incluyendo los costes ambientales y del recurso, en los diferentes usuarios finales. La aplicación del principio de recuperación de los mencionados costes debe hacerse de manera que incentive el uso eficiente del agua y, por tanto, contribuya a los objetivos medioambientales perseguidos[74]. La aplicación del mencionado principio debe realizarse con una contribución adecuada de los diversos usos, de acuerdo con el principio del que contamina paga, y considerando al menos los usos de abastecimiento, agricultura e industria. Todo ello con aplicación de criterios de transparencia. A tal fin, la Administración con competencias en materia de suministro de agua establece las estructuras tarifarias por tramos de consumo, con la finalidad de atender las necesidades básicas a un precio asequible y desincentivar los consumos excesivos. Para la aplicación del principio de recuperación de costes se tienen en cuenta las consecuencias sociales, ambientales y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio y de las poblaciones afectadas siempre y cuando ello no comprometa los fines ni el logro de los objetivos ambientales establecidos[75].

El incumplimiento de lo establecido en el TRLA es sancionado[76], siendo la responsabilidad solidaria cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de participación de cada uno de ellos en la comisión de la infracción. Estas infracciones se califican reglamentariamente de leves, menos graves, graves, o muy graves[77], atendiendo a su repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico, a su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes y a las circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido, así como al deterioro producido en la calidad del recurso, pudiendo ser sancionadas con multas. Fuente de la información: TRLA. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.
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[1] Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA).
[2] Art. 2 TRLA.
[3] Art. 3 TRLA.
[4] Art. 4 TRLA.
[5] Art. 5 TRLA.
[6] Art. 6 TRLA.
[7] En toda su extensión longitudinal.
[8] Art. 6 TRLA.
[9] Art. 7 TRLA.
[10] Art. 8 TRLA.
[11] Art. 9 TRLA.
[12] Art. 10 TRLA.
[13] Art. 11 TRLA.
[14] El Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes. Los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, además, normas complementarias de dicha regulación.
[15] Art. 12 TRLA.
[16] Art. 54.2 TRLA.
[17] Art. 13 TRLA.
[18] Sin perjuicio de las autorizaciones y concesiones demaniales que sean precisas de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y las demás que procedan conforme a la legislación sectorial aplicable.
[19] A las que se refiere el capítulo II del título VIII del TRLA.
[20] De acuerdo con lo previsto en el artículo 125 TRLA.
[21] En la forma que reglamentariamente se determine, se tramitarán en un solo expediente las autorizaciones y concesiones que deban otorgarse por dos o más órganos u organismos públicos de la Administración General del Estado.
[22] Los concesionarios de la actividad de desalación y de aguas desaladas que tengan inscritos sus derechos en el Registro de Aguas podrán participar en las operaciones de los centros de intercambio de derechos de uso del agua a los que se refiere el artículo 71 del TRLA.
[23] Art. 40 bis TRLA.
[24] Art. 16 TRLA.
[25] Se rigen por la Ley 6/1997, de 14 de abril, y demás disposiciones de aplicación a los organismos autónomos de la Administración General del Estado, así como por la presente Ley y por los Reglamentos dictados para su desarrollo y ejecución.
[26] Art. 21 TRLA.
[27] Su ámbito territorial, que se definirá reglamentariamente, comprenderá una o varias cuencas hidrográficas indivisas, con la sola limitación derivada de las fronteras internacionales.
[28] De los previstos en el artículo 43.1.ª) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscritos, a efectos administrativos, al Ministerio de Medio Ambiente.
[29] Art. 22 TRLA.
[30] El Gobierno, por real decreto, oídas las comunidades autónomas, fijará el ámbito territorial de cada demarcación hidrográfica que será coincidente con el de su plan hidrológico.
[31] Art. 16 bis TRLA.
[32] Las aguas costeras se especificarán e incluirán en la demarcación o demarcaciones hidrográficas más próximas o apropiadas.
[33] Art. 14 TRLA.
[34] En los términos previstos en la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho a la información en materia de medio ambiente.
[35] Art. 15 TRLA.
[36] Art. 17 TRLA.
[37] La tramitación de las mismas podrá, no obstante, ser encomendada a las Comunidades Autónomas.
[38] La presidencia del Consejo Nacional del Agua recaerá en el titular del Ministerio de Medio Ambiente.
[39] Art. 19 TRLA.
[40] Podrá proponer a las Administraciones y organismos públicos las líneas de estudio e investigación para el desarrollo de las innovaciones técnicas en lo que se refiere a obtención, empleo, conservación, recuperación, tratamiento integral y economía del agua.
[41] Art. 20 TRLA.
[42] Art. 40 TRLA.
[43] El Gobierno, mediante real decreto, aprobará los planes hidrológicos de cuenca en los términos que estime procedentes en función del interés general.
[44] Corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente la elaboración del Plan Hidrológico Nacional, conjuntamente con los Departamentos ministeriales relacionados con el uso de los recursos hidráulicos.
[45] Art. 45 TRLA. La aprobación del Plan Hidrológico Nacional implicará la adaptación de los planes hidrológicos de cuenca a las previsiones de aquél.
[46]Con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil y en el Reglamento del TRLA.
[47] Art. 48 TRLA.
[48] Art. 49 TRLA.
[49] Art. 47 TRLA.
[50] Y de conformidad con lo que dispongan las Leyes y Reglamentos.
[51] La Ley no ampara el abuso del derecho en la utilización de las aguas ni el desperdicio o mal uso de las mismas, cualquiera que fuese el título que se alegare.
[52] La protección, utilización y explotación de los recursos pesqueros en aguas continentales, así como la repoblación acuícola y piscícola, se regulará por la legislación general del medio ambiente y, en su caso, por su legislación específica.
[53] Art. 50 TRLA.
[54] La declaración responsable, a la que se refiere el artículo 3.9 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio, deberá presentarse con un periodo mínimo de antelación de quince días, para que pueda comprobarse la compatibilidad de dichos usos con los fines del dominio público hidráulico.
[55] Art. 52 TRLA.
[56] Art. 53 TRLA.
[57] En caso de producirse la solicitud, y siempre que a ello no se opusiere el Plan Hidrológico Nacional, el organismo de cuenca tramitará el expediente excluyendo el trámite de proyectos en competencia.
[58] Art. 54 TRLA.
[59] En las condiciones que reglamentariamente se establezcan, se podrán utilizar en un predio aguas procedentes de manantiales situados en su interior y aprovechar en él aguas subterráneas, cuando el volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos. En los acuíferos que hayan sido declarados como sobreexplotados, o en riesgo de estarlo, no podrán realizarse nuevas obras de las amparadas por este apartado sin la correspondiente autorización.
[60] Art. 59 TRLA.
[61] Si para la realización de las obras de una nueva concesión, fuese necesario modificar la toma o captación de otra u otras preexistentes, el organismo de cuenca podrá imponer, o proponer en su caso, la modificación, siendo los gastos y perjuicios que se ocasionen a cargo del peticionario.
[62] El otorgamiento de una concesión no exime al concesionario de la obtención de cualquier otro tipo de autorización o licencia que conforme a otras leyes se exija a su actividad o instalaciones.
[63] Art. 81 TRLA.
[64] Los estatutos u ordenanzas se redactarán y aprobarán por los propios usuarios, y deberán ser sometidos, para su aprobación administrativa, al Organismo de cuenca. Los estatutos u ordenanzas regularán la organización de las comunidades de usuarios, así como la explotación en régimen de autonomía interna de los bienes hidráulicos inherentes al aprovechamiento.
[65] Cuando la modalidad o las circunstancias y características del aprovechamiento lo aconsejen, o cuando el número de partícipes sea reducido, el régimen de comunidad podrá ser sustituido por el que se establezca en convenios específicos, que deberán ser aprobados por el Organismo de cuenca.
[66] Art. 92 TRLA.
[67] Art. 100 TRLA.
[68] La autorización de vertido no exime de cualquier otra que sea necesaria, conforme a otras leyes para la actividad o instalación de que se trate.
[69] La autorización de vertido podrá también contemplar la calidad del agua requerida para otros usos situados aguas abajo del punto de vertido, exigiendo objetivos más rigurosos cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 quinquies.1, el plan hidrológico de la demarcación determine que es necesario incentivar la reutilización de las aguas.
[70] Art. 109 TRLA.
[71] El plan hidrológico de cada demarcación hidrográfica establecerá las asignaciones y reservas de los volúmenes de agua regenerada necesarios para atender los distintos usos.
[72] Las Administraciones públicas competentes en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración de aglomeraciones urbanas de más de 50.000 habitantes deberán elaborar planes que fomenten la reutilización de aguas asociados a los usos urbanos.
[73] At. 111 TRLA.
[74] Art. 111 bis TRLA.
[75] Mediante resolución de la Administración competente, que en el ámbito de la Administración General del Estado corresponderá al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se podrán establecer motivadamente excepciones al principio de recuperación de costes para determinados usos teniendo en cuenta las mismas consecuencias y condiciones mencionadas y sin que, en ningún caso, se comprometan los fines ni el logro de los objetivos ambientales correspondientes. Para ello, los organismos de cuenca emitirán en el plazo de tres meses, con carácter preceptivo y previo a la resolución que se adopte, informe motivado que, en todo caso, justifique que no se comprometen ni los fines ni los logros ambientales establecidos en las respectivas planificaciones hidrológicas.
[76] Con arreglo a lo dispuesto en este Título y en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
[77] Art. 117 TRLA.