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martes, 27 de agosto de 2024

Vídeo comentarios Sentencia 102/1995 del TC

Fuente de la imagen: mvc archivo propio
En este vídeo, M. Velasco, gestor administrativo por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de España, economista, abogado colegiado no ejerciente, titulado mercantil, doctorando en ciencias jurídicas y sociales en la Universidad de Málaga, miembro del Registro de Expertos en Cumplimiento Normativo y Digitalización del Consejo General de Economistas de España (ECN-CGE), así como experto universitario en compliance, comenta la Sentencia 102/1995 del Tribunal Constitucional Español, en el marco del Derecho Administrativo en General y de la asignatura universitaria Legislación y Administración Medioambiental, en específico.

miércoles, 31 de julio de 2024

Sentencia crucial en el asunto C-436/22

Fuente de la imagen: mvc archivo propio
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha emitido una sentencia crucial en el asunto C-436/22, que aborda la conservación del lobo ibérico (Canis lupus) y la normativa relacionada con su caza en España, fallo que tiene implicaciones significativas para la gestión de la fauna silvestre en el país y establece un precedente en la interpretación de la Directiva 92/43/CEE sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. La sentencia se origina a partir de una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) impugnó la normativa autonómica que permitía la caza del lobo en ciertas áreas, argumentando que esta práctica era incompatible con el estado de conservación desfavorable de la especie en el territorio español.

La cuestión central era si la normativa autonómica se alineaba con los artículos 2, 4, 11, 12, 14, 16 y 17 de la Directiva sobre los hábitats. El TJUE determinó que la interpretación de la normativa europea es esencial para resolver el litigio. En su análisis, el Tribunal subrayó que el estado de conservación del lobo en España es "desfavorable-inadecuado", lo que implica que cualquier explotación cinegética debe ser evaluada con sumo cuidado. La sentencia enfatiza que la captura y el sacrificio de la especie solo pueden ser considerados en circunstancias excepcionales y deben cumplir con criterios estrictos que aseguren la conservación de la población en su hábitat natural. Además, el Tribunal recordó que los Estados miembros pueden adoptar medidas de protección más estrictas que las establecidas por la Directiva[1], lo que refuerza la necesidad de una gestión responsable y sostenible de las especies en peligro.

Este dictamen tiene profundas implicaciones para la gestión de la fauna silvestre en España, ya que reafirma la importancia de la protección rigurosa del lobo, estableciendo el Tribunal un marco claro que limita la caza de esta especie en áreas donde su estado de conservación es desfavorable, lo que protege al lobo ibérico y promueve la biodiversidad y el equilibrio ecológico en los ecosistemas donde habita. La decisión representa un avance en la protección de esta especie y, por extensión, de la fauna silvestre en Europa. Al subrayar la necesidad de una evaluación cuidadosa del estado de conservación y la aplicación de medidas de protección adecuadas, el TJUE refuerza el compromiso de la Unión Europea con la conservación de la biodiversidad, al tiempo que sirve de llamada a la acción para todos los Estados miembros en la defensa de su patrimonio natural. Fuente de la información TJUE. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.
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[1] Artículo 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

jueves, 18 de julio de 2024

Espacio Marítimo y Sector Pesquero

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El Tribunal Supremo de mi país (TS) ha emitido la sentencia (STS) núm. 1248/2024[1], en respuesta al recurso contencioso administrativo núm. 556/2023 interpuesto por la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos. El fallo se centra en la legalidad del Real Decreto 150/2023, que aprueba los planes de ordenación del espacio marítimo en cinco demarcaciones marinas españolas. La decisión del Tribunal tiene importantes implicaciones para la sostenibilidad del sector pesquero y la gestión de los recursos marinos. La Plataforma en Defensa de la Pesca (PDP) argumentó que el Real Decreto vulneraba principios fundamentales, como el de precaución y proporcionalidad, al no garantizar la sostenibilidad de la pesca en el mar. Además, se alegó que la selección de las zonas de alto potencial eólico y las modificaciones realizadas en su ubicación no contaban con el respaldo técnico necesario, lo que podría afectar negativamente a la actividad pesquera. Por su parte, la Abogacía del Estado y la Asociación Empresarial Eólica defendieron la legalidad del Real Decreto, argumentando que la ordenación del espacio marítimo se enmarca dentro de un proceso de transposición de directivas europeas que buscan un desarrollo sostenible y la protección del medio marino.

En la resolución, el TS desestimó el recurso presentado por la PDP, argumentando que las alegaciones sobre la vulneración de principios rectores económicos y la falta de soporte técnico eran infundadas. La sentencia subraya que la selección de las zonas de alto potencial para el desarrollo de la energía eólica se realizó de manera cuidadosa, teniendo en cuenta las alegaciones y la información técnica disponible durante el proceso de elaboración de los planes. El Tribunal también abordó la cuestión de las costas, imponiéndolas a la parte actora, lo que refleja la falta de serias dudas de hecho o de derecho en el caso. Esto implica que la Plataforma no logró demostrar la existencia de vicios que justificaran la nulidad del Real Decreto. Esta decisión del TS tiene un impacto significativo en el sector pesquero, que se ha visto relegado a un segundo plano en el contexto de la expansión de las energías renovables, especialmente la eólica. Supuestamente, la sentencia refuerza la posición del Gobierno español (GE) en la planificación del espacio marítimo, priorizando el desarrollo sostenible de los sectores marítimos, pero también plantea interrogantes sobre la capacidad del sector pesquero para adaptarse a las nuevas regulaciones y limitaciones impuestas. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.
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[1] STS 3779/2024 - ECLI:ES:TS:2024:3779 Id Cendoj: 28079130052024100237. Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso.11/07/2024.

lunes, 20 de marzo de 2006

Análisis de la STC 102/1995

Fuente de la imagen: mvc archivo propio
La Sentencia 102/1995 del Tribunal Constitucional español (TC)[1], emitida el 26 de junio de 1995, representa un hito significativo en la jurisprudencia española, abordando cuestiones fundamentales sobre la constitucionalidad de la Ley de Espacios Naturales y la regulación de la caza y pesca en el contexto de las competencias de las comunidades autónomas. Este fallo no solo clarifica el marco normativo en el que operan las administraciones públicas, sino que también establece precedentes importantes sobre la interpretación de la legislación básica y su ejecución. La sentencia surge a raíz de varios recursos de inconstitucionalidad interpuestos por diversas comunidades autónomas, que cuestionaban la validez de ciertos preceptos de la Ley de Espacios Naturales y de tres Reales Decretos relacionados. Estos recursos se centraban en la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, un tema recurrente en el ordenamiento jurídico español, especialmente en lo que respecta a la gestión de recursos naturales y la protección del medio ambiente.

Uno de los aspectos más destacados de la resolución es la discusión sobre el concepto de "legislación básica". El TC enfatiza que, aunque el Estado tiene competencias para establecer normas básicas, la ejecución de estas normas recae principalmente en las comunidades autónomas. Este principio se fundamenta en la necesidad de respetar la autonomía de las comunidades en la gestión de sus recursos naturales, lo que se traduce en una mayor eficacia en la aplicación de las políticas ambientales. También, aborda la cuestión de la actualización de sanciones administrativas, permitiendo al Poder Ejecutivo, mediante Real Decreto, ajustar las multas en función de los índices de precios al consumo, disposición que se considera razonable y necesaria para mantener la efectividad de las sanciones, alineándolas con la realidad económica y evitando que se conviertan en meras formalidades. El Fallo incluye un voto particular[2], en desacuerdo con la interpretación mayoritaria, debido a que la falta de claridad en la delimitación de competencias podría dar lugar a confusiones y conflictos en la aplicación de la ley.

Realmente, el voto particular resalta la complejidad del tema y la necesidad de un enfoque más matizado en la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, pero no cabe duda que la STC no solo resuelve los conflictos planteados, sino que también establece un marco de referencia para futuras interpretaciones sobre la legislación ambiental y la distribución de competencias del país, reafirmando la importancia de la autonomía de las comunidades autónomas en la gestión de sus recursos, contribuyendo el TC a un modelo de gobernanza más descentralizado y participativo. En conclusión, esta resolución es un ejemplo claro de cómo el TC actúa de garante de los principios constitucionales, asegurando que la legislación se interprete y aplique de manera coherente con el marco normativo establecido. teniendo un impacto inmediato en la legislación sobre espacios naturales y sentando las bases para un diálogo continuo sobre la relación entre el Estado y las comunidades autónomas en la gestión de los recursos naturales del Estado. Fuente de la información STC.
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[1] BOE núm. 181, de 31 de julio de 1995.
[2] Del Magistrado Ilmo. Sr. Rafael de Mendizábal Allende.

martes, 15 de marzo de 2005

Delito contra el Medio Ambiente

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La sentencia STS 8749/1990, emitida por el Tribunal Supremo de España (TS), se centra en un caso de relevancia en el ámbito del derecho penal ambiental, condenando al acusado como autor responsable de un delito contra la salud pública y el medio ambiente, lo que resalta la importancia de la responsabilidad penal en la gestión de industrias que pueden afectar al entorno. El caso se origina en la operación de una Central Térmica, donde se alegó que el acusado[1] era el "máximo y único responsable" de su funcionamiento. La sentencia se basa en la premisa de que la imputación de responsabilidad se refiere a la gestión administrativa, implicando, también, una atribución de culpa en la emisión de contaminantes[2] que contribuyeron a daños ambientales. El procesado argumentó que la sentencia no expresaba de manera clara los hechos probados, consignándose conceptos jurídicos que implicaban la predeterminación del fallo. Sin embargo, el TS desestimó estos argumentos, afirmando que la sentencia era precisa y que la atribución de responsabilidad era clara y fundamentada en los hechos probados.

Se alegó que la sentencia no especificaba claramente los hechos que determinaban la responsabilidad civil, lo que podría llevar a confusiones sobre la culpabilidad del acusado. Sin embargo, el Tribunal consideró que el relato de hechos era suficientemente claro y que no había contradicciones significativas. Igualmente, se argumentó que el uso de términos jurídicos en la sentencia podría haber influido en la decisión del fallo. No obstante, el Tribunal sostuvo que la utilización de la palabra "responsable" en este contexto no tenía connotaciones jurídicas que pudieran predeterminar el resultado. El TS condenó al acusado a ocho meses de prisión menor y a una multa de 1.400.000 pesetas (8.414,17 euros), además de la suspensión de derechos políticos durante el tiempo de la condena. Este fallo establece un precedente en la responsabilidad penal de los directivos de empresas en relación con el medio ambiente, subrayando la necesidad de una gestión responsable y consciente de los impactos ambientales.

En su momento, esta sentencia se configuró como un hito en la jurisprudencia española, al reforzar la idea de que los responsables de industrias contaminantes pueden ser penalmente responsables por los daños que causan al medio ambiente y a la salud pública. La sentencia también destaca la importancia de la claridad en la redacción de los hechos probados en las sentencias, lo que es fundamental para garantizar un juicio justo y transparente. Concluyendo, es el primer ejemplo de cómo el sistema judicial español abordó los delitos ambientales, ya que, al condenar a un responsable de una Central Térmica, el TS envió por primera vez un mensaje claro sobre la importancia de la responsabilidad en la gestión ambiental y la necesidad de proteger la salud pública. Este caso tiene repercusiones legales y plantea cuestiones éticas sobre la responsabilidad corporativa y la protección del medio ambiente en un mundo cada vez más industrializado. Fuente de la información: STS 8749/1990. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.
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[1] Desde 1980.
[2] Específicamente dióxido de azufre.