Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

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El Real Decreto (RD) 110/2015, sobre la regulación de la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en España[1], se enmarca dentro de un contexto más amplio de sostenibilidad y protección del medio ambiente, alineándose con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, siendo su finalidad prevenir y reducir los impactos adversos que la generación y gestión de estos residuos pueden tener sobre la salud humana y el medio ambiente, estableciendo un marco normativo que regula la recogida, tratamiento y gestión de los RAEE, promoviendo la eficiencia en el uso de recursos y priorizando la prevención en la generación de residuos. Entre sus objetivos se encuentran la prevención de Residuos, mediante el fomenta de la reducción en la generación de RAEE, priorizando la reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos; recogida y tratamiento, estableciendo procedimientos claros para la recogida y tratamiento de estos residuos, asegurando su correcta gestión y trazabilidad; y responsabilidad Ampliada del Productor, impulsando la responsabilidad de los productores en la gestión de los RAEE, obligándolos a cumplir con objetivos de recogida y reciclaje. Este RD tiene implicaciones ambientales, impactando en el mercado de gestión de residuos y en la creación de empleo verde.

Al promover la reutilización y el reciclaje, se fomenta un modelo económico más sostenible que puede generar nuevas oportunidades laborales en el sector de la gestión de residuos. El decreto se organiza en once capítulos que abarcan desde la introducción de los aparatos eléctricos y electrónicos en el mercado hasta su recogida y gestión como residuos. Los capítulos iniciales se centran en las obligaciones de los distintos agentes involucrados en el ciclo de vida de los aparatos, mientras que otros capítulos abordan aspectos específicos como la preparación para la reutilización y el tratamiento de los residuos. La coordinación de la gestión de los RAEE recae en las autoridades competentes, que deben trabajar en conjunto a través de la Comisión de Coordinación en materia de residuos. Esta estructura busca garantizar que se cumplan los objetivos establecidos en el decreto y que se implementen las mejores prácticas en la gestión de residuos. En síntesis, un paso crucial hacia una gestión más responsable y sostenible de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en España. Estableciendo un marco normativo claro y promoviendo la responsabilidad de los productores, se contribuye a la protección del medio ambiente y la salud pública, al tiempo que impulsa la economía circular y el empleo verde[2]. Fuente de la información: RD 110/2015.

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[1] Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente «BOE» núm. 45, de 21 de febrero de 2015.

[2] La implementación efectiva de sus disposiciones será fundamental para lograr un futuro más sostenible y minimizar el impacto de los residuos electrónicos en nuestro entorno.