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La normativa también establece mecanismos para garantizar el acceso a la justicia en materia ambiental. En ese sentido, los Estados miembros deben permitir que la ciudadanía y grupos interesados puedan impugnar decisiones administrativas que afecten a la legalidad de las actividades industriales, reforzando de esta forma el principio de participación pública en la toma de decisiones ambientales, elemento fundamental para la democracia y la gobernanza ambiental. Asimismo, prevé la posibilidad de modificar sus anexos para adaptarse a los avances científicos y técnicos. La Comisión Europea tiene la autoridad para adoptar actos delegados que permitan la actualización de las MTD y otros aspectos relevantes, asegurando que la normativa se mantenga al día con las mejores prácticas y tecnologías emergentes. En conclusión, esta legislación europea forma parte de la estrategia de la UE para abordar la contaminación industrial, promoviendo la sostenibilidad y la protección del medio ambiente y garantizando la participación activa de la ciudadanía en la supervisión[2].
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[1] DIRECTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales. DOUE de 17/12/2010.
[2] A medida que la UE avanza hacia un futuro más sostenible, la implementación efectiva de esta directiva será crucial para lograr un equilibrio entre el desarrollo industrial y la protección del medio ambiente.