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Resumen: Se analiza la transición de Ecuador desde un modelo económico lineal de extracción, producción, uso y descarte hacia un modelo de economía circular, con de referencia en el Libro Blanco de Economía Circular de Ecuador de 2021. Se examinan detalladamente los orígenes de esta iniciativa, su marco de co-creación multisectorial y los cuatro ámbitos de acción que estructuran la propuesta nacional: políticas públicas y financiamiento, producción sostenible, consumo responsable y gestión integral de residuos sólidos. Asimismo, se describen los proyectos de viabilidad prioritarios destinados a operativizar esta transición en el territorio nacional. El estudio demuestra la viabilidad de desacoplar el crecimiento económico del consumo material y de la degradación ambiental en un país en desarrollo, mediante el robustecimiento del capital humano y la reestructuración de los flujos de materiales.
Palabras clave: Economía circular, Ecuador, producción sostenible, gestión de residuos, consumo responsable, desarrollo sustentable.
Abstract: This paper analyzes Ecuador's transition from a linear economic model of extraction, production, use, and disposal to a circular economy model, using the 2021 Ecuadorian Circular Economy White Paper as a reference. It examines in detail the origins of this initiative, its multi-sectoral co-creation framework, and the four areas of action that structure the national proposal: public policies and financing, sustainable production, responsible consumption, and integrated solid waste management. It also describes the priority feasibility projects aimed at operationalizing this transition within the country. The study demonstrates the viability of decoupling economic growth from material consumption and environmental degradation in a developing country by strengthening human capital and restructuring material flows.
Keywords: Circular economy, Ecuador, sustainable production, waste management, responsible consumption, sustainable development.
1. Introducción
La civilización humana afronta una de las situaciones de mayor complejidad ambiental debido al agotamiento acelerado de los recursos naturales y la acumulación desmedida de desechos en los ecosistemas terrestres y acuáticos. De acuerdo con estimaciones de organismos internacionales, de continuar bajo el patrón de consumo actual, para el año 2050 se requerirá el equivalente a tres planetas para abastecer las demandas materiales de la población global (Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca [MPCEIP] & GIZ, 2021). Ante este escenario crítico, la transición hacia un modelo económico circular se presenta como una alternativa de gran viabilidad para reestructurar las dinámicas de generación de valor, asegurando la sustentabilidad a largo plazo. En Ecuador, este proceso cobró relevancia institucional mediante un esfuerzo conjunto entre diversos sectores públicos y privados, que culminó con la formulación oficial de una hoja de ruta técnica plasmada en el Libro Blanco de Economía Circular (MPCEIP & GIZ, 2021).
El modelo lineal tradicional, caracterizado por el flujo unidireccional de extraer, fabricar, utilizar y desechar, ha generado graves pasivos ambientales en el territorio ecuatoriano. Históricamente, el crecimiento económico del país ha mostrado una correlación directa con el incremento en la extracción de materias primas, y a la vez esto no se ha traducido de forma proporcional en una mejora del índice de desarrollo humano de sus habitantes (Banco Central del Ecuador, 2018) (MPCEIP & GIZ, 2021). Diariamente se generan aproximadamente doce mil toneladas de residuos sólidos en el país, la mayoría de los cuales terminan en vertederos o celdas de disposición final que carecen de tecnologías de captura de gases de efecto de invernadero (MPCEIP & GIZ, 2021). Este manejo inadecuado no solamente impacta la salud de las poblaciones locales; además representa una pérdida notable de recursos económicos que podrían reincorporarse a los flujos productivos mediante procesos de valorización de subproductos orgánicos y materiales reciclables (MPCEIP & GIZ, 2021).
Frente a esta problemática, la economía circular propone una reconfiguración de los procesos de diseño y producción bajo tres principios: la eliminación de los residuos y la contaminación desde el origen, el mantenimiento de productos y materiales en uso durante el mayor tiempo posible, y la regeneración de los sistemas naturales (MPCEIP & GIZ, 2021). De este modo, la economía circular busca desacoplar el desarrollo socioeconómico del consumo intensivo de recursos finitos, modificando la métrica tradicional del producto interno bruto para que deje de estar supeditada al uso de recursos materiales y energéticos (MPCEIP & GIZ, 2021). En el contexto nacional, el marco legal ecuatoriano ha ido incorporando criterios de conservación ambiental desde la adopción de la Constitución de la República en 2008, la cual reconoce los derechos de la naturaleza y consagra el derecho de los ciudadanos a habitar en un entorno sano y equilibrado (MPCEIP & GIZ, 2021). El Libro Blanco de Economía Circular constituye un instrumento dinámico que articula estas directrices constitucionales con estrategias para diversificar la matriz productiva y generar condiciones de bienestar para las presentes y futuras generaciones (MPCEIP & GIZ, 2021).
2. Marco Metodológico y Conceptual del Ecosistema Circular
Se detalla el sustento de conceptos que respalda el diseño de la estrategia circular en el Ecuador, así como los mecanismos metodológicos empleados para recopilar, analizar y validar la información técnica. Se examinan las diversas disciplinas teóricas que convergen en el enfoque adoptado, tales como la ecología industrial y la economía del comportamiento. De igual manera, se describe el proceso de construcción participativa que involucró a centenares de organizaciones a nivel nacional, garantizando que las líneas de acción propuestas se correspondan con las particularidades territoriales y productivas del país.
Adicionalmente, se exponen los criterios epistemológicos y metodológicos que facilitan la replicabilidad de este análisis en otros contextos de América Latina. A través de este esquema conceptual, se busca fundamentar técnicamente la propuesta, evidenciando que el cambio hacia la sostenibilidad material requiere tanto de la rigurosidad científica como de la legitimación participativa de los diversos actores involucrados.
2.1. Modelos de Desarrollo y la Ecología Industrial
El desarrollo conceptual de la economía circular en el Ecuador se fundamenta en un conjunto de disciplinas científicas y enfoques económicos integrados que buscan la armonía entre la sociedad y la naturaleza. Uno de los referentes teóricos más notables es la ecología industrial, la cual estudia los flujos de materia y energía en los sistemas industriales con un enfoque sistémico, modelando dichos procesos de forma análoga a los ecosistemas naturales donde el residuo de un organismo constituye el nutriente de otro (MPCEIP & GIZ, 2021). Bajo esta visión, se implementa la biomímesis como una estrategia de diseño inspirada en la naturaleza para la creación de bienes y servicios que prescindan de elementos contaminantes y tóxicos desde su concepción inicial (MPCEIP & GIZ, 2021). Complementariamente, los principios "de la cuna a la cuna" establecen la diferenciación entre los ciclos biológicos y los ciclos técnicos de los materiales, permitiendo orientar las actividades productivas hacia el mantenimiento del valor de los productos en flujos cerrados y priorizando la ecoeficacia del diseño por encima de la simple eficiencia operativa (MPCEIP & GIZ, 2021).
Asimismo, se incorporan nociones de la economía de la dona, que propone gestionar las actividades económicas dentro de un límite ambiental delimitado por la capacidad de regeneración de la Tierra, asegurando la coexistencia de una base social justa y equitativa que cubra las necesidades de la población (MPCEIP & GIZ, 2021). Dentro de este marco de equidad, la economía del cuidado y la justicia ambiental desempeñan un rol de gran relevancia en la propuesta ecuatoriana, al demandar el reconocimiento, la representación, la remuneración justa y la formalización laboral de los recicladores de base y otros gremios de la economía popular y solidaria que históricamente han asumido los costos ambientales del modelo de descarte lineal (MPCEIP & GIZ, 2021). Asimismo, la economía del comportamiento aporta herramientas decisivas para estructurar las opciones de los ciudadanos, de manera que se facilite la adopción de hábitos de consumo responsable mediante pequeños incentivos conductuales o el diseño de elecciones predeterminadas que favorezcan la circularidad material (MPCEIP & GIZ, 2021). Estas bases teóricas se articulan visualmente en una adaptación de la mariposa de la economía circular de la Fundación Ellen MacArthur, la cual zonifica los procesos en ciclos de prevención biológica y técnica, excluyendo gradualmente los métodos de descarte que atenten contra el equilibrio planetario (MPCEIP & GIZ, 2021).
2.2. Metodología Participativa de Co-creación
La construcción del Libro Blanco de Economía Circular se desarrolló mediante un proceso estructurado que se extendió durante diecisiete meses, combinando un análisis de arriba hacia abajo para identificar mejores prácticas a nivel internacional, con un enfoque de abajo hacia arriba que recopiló las experiencias y demandas de los actores locales (MPCEIP & GIZ, 2021). La primera fase de este trabajo, ejecutada entre diciembre de 2019 y junio de 2020 con el auspicio del sector privado y la academia, se concentró en evaluar el grado de aplicación de la circularidad en el marco legislativo nacional y en priorizar los sectores macroeconómicos de mayor incidencia en el producto interno bruto (Torresano et al., 2020). Posteriormente, la segunda fase, financiada por la cooperación técnica alemana (GIZ), se enfocó en un proceso de priorización detallado de subsectores industriales y en la formulación de líneas de acción estratégicas aplicadas a la realidad ecuatoriana (MPCEIP & GIZ, 2021).
Un elemento de gran relevancia de la metodología fue el mapeo de interesados, el cual identificó un total de 831 organizaciones que abarcan entidades del sector público, cámaras industriales, academia y agrupaciones de la sociedad civil, reflejando la articulación necesaria para estructurar la investigación científica (Dutrénit & Núñez Jover, 2017) (MPCEIP & GIZ, 2021). La participación directa de más de 400 actores sectoriales se canalizó mediante mesas de trabajo técnicas y encuentros denominados "simbiosis", los cuales funcionaron como espacios de debate para intercambiar lecciones aprendidas en temas tales como la reducción de pérdidas de alimentos, la responsabilidad extendida del productor y la inclusión social de los recicladores de base (MPCEIP & GIZ, 2021). La sistematización de la información cualitativa recopilada se realizó mediante la metodología de la teoría fundamentada, permitiendo estructurar los consensos sociales y técnicos en directrices viables (MPCEIP & GIZ, 2021). De este modo, la hoja de ruta ecuatoriana no constituye una mera imposición gubernamental, más bien representa un esfuerzo colaborativo de varias disciplinas legitimado por los diversos estamentos de la sociedad civil (MPCEIP & GIZ, 2021).
3. Ámbitos de acción en el contexto ecuatoriano
Se exponen los cuatro componentes estructurantes del ecosistema de economía circular diseñado para el Ecuador, derivados del proceso de co-creación multisectorial (MPCEIP & GIZ, 2021). Cada uno de estos ámbitos aborda un espectro específico de la realidad socioeconómica nacional, abarcando desde las condiciones legales y financieras habilitantes hasta las prácticas operativas en los sistemas de fabricación, las decisiones cotidianas de los ciudadanos y los procesos de recuperación material al final de la vida útil de los productos (MPCEIP & GIZ, 2021). El análisis conjunto de estos sectores evidencia la interrelación recíproca que define al modelo, donde cada componente retroalimenta y viabiliza a los demás en un flujo continuo de recursos (MPCEIP & GIZ, 2021).
A través de un análisis pormenorizado, se evidencia cómo estas cuatro áreas se interconectan de forma dinámica, demostrando que el perfeccionamiento operativo de un sector depende de la reestructuración sistémica de los otros. Se incorporan ejemplos concretos de la realidad productiva nacional para ilustrar el alcance de las medidas propuestas, sustentando técnicamente la viabilidad de su aplicación en el territorio.
3.1. Política Pública y Mecanismos Financieros
La estructuración de un entorno propicio para la economía circular en Ecuador requiere de un marco regulatorio coherente y de herramientas de financiamiento adaptadas a las particularidades de los nuevos modelos de negocio (MPCEIP & GIZ, 2021). Las directrices del Libro Blanco proponen intervenir en tres escalas organizativas de forma coordinada: la escala micro, centrada en incentivar la ecoinnovación y el ecodiseño a nivel de unidades productivas individuales; la escala meso, orientada a propiciar la simbiosis industrial en parques ecoindustriales regionales; y la escala macro, que se enfoca en el desarrollo de políticas de planificación territorial de carácter cantonal y provincial que incorporen indicadores de circularidad material (MPCEIP & GIZ, 2021). Actualmente, el análisis legislativo determinó que el 43% de los cuerpos normativos del país hacen mención directa o indirecta a criterios de sostenibilidad ambiental, destacando el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y el Código Orgánico del Ambiente (CODA) como los principales instrumentos reguladores (Torresano et al., 2020).
A pesar de las oportunidades que brindan estos textos normativos, es necesario implementar reformas que eliminen barreras legales y simplifiquen los trámites administrativos asociados a la valorización de subproductos y la logística inversa de envases (MPCEIP & GIZ, 2021). Adicionalmente, el proyecto de Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, debatido en la Asamblea Nacional, busca establecer criterios específicos para disminuir la generación de residuos y formalizar el rol laboral de los recicladores de base en los gobiernos autónomos descentralizados (MPCEIP & GIZ, 2021). En el ámbito del financiamiento, ante la ausencia de fondos públicos asignados de forma exclusiva a iniciativas circulares, se plantea la articulación de presupuestos destinados al cambio climático, créditos verdes de la banca privada para el robustecimiento tecnológico de las pequeñas y medianas empresas, y el uso del financiamiento colectivo o crowdfunding, el cual ya se encuentra normado en la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para el desarrollo de proyectos alternativos de bajo impacto material (MPCEIP & GIZ, 2021).
3.2. Proceso Sostenible en Sectores de Alta Incidencia
El sector de producción sostenible tiene como objetivo de referencia reducir la dependencia de la extracción de recursos naturales vírgenes mediante el perfeccionamiento de los procesos de manufactura y el uso preferente de materias primas secundarias (MPCEIP & GIZ, 2021). Durante la fase de diagnóstico del Libro Blanco, se priorizaron cinco sectores macroeconómicos de gran incidencia en el producto interno bruto ecuatoriano: manufactura, agricultura, comercio, construcción, y petróleo y minas, sectores que conllevan complejas implicaciones en el equilibrio de los recursos hídricos y territoriales (Acosta & Sacher, 2011) (Torresano et al., 2020). Para refinar este análisis en la industria manufacturera, se aplicó el método analítico jerárquico y la herramienta de análisis de ciclo de vida de insumos y productos ambientales (EIO-LCA), lo que permitió identificar como subsectores de atención preferente a la agroindustria, la industria de recursos forestales y madera, la metalmecánica y el sector de los plásticos, evaluando variables tales como el consumo de agua dulce y las emisiones de gases de efecto de invernadero asociadas a cada actividad (MPCEIP & GIZ, 2021).
Las directrices transversales diseñadas para el sector productivo contemplan el desarrollo de la simbiosis industrial como un mecanismo de cooperación entre empresas del mismo o de distintos sectores, de modo que los remanentes materiales o energéticos de una industria sirvan como insumos para otra, disminuyendo con ello los costos operativos y reduciendo la disposición final de escombros y chatarra (Chertow et al., 2008) (MPCEIP & GIZ, 2021). Un ejemplo de este enfoque se observa en la agroindustria de alimentos, donde el aprovechamiento de subproductos orgánicos como vísceras, cáscaras o suero de leche puede destinarse a la producción de suplementos balanceados para animales o al desarrollo de biopolímeros biodegradables, en lugar de ser descartados en vertederos locales (Riera et al., 2018) (MPCEIP & GIZ, 2021). Asimismo, se propone mejorar los sistemas de trazabilidad a lo largo de las cadenas de valor utilizando herramientas digitales como códigos de respuesta rápida y estructuras de datos descentralizadas o blockchain, lo cual garantiza la transparencia del origen de los componentes materiales y dinamiza la aplicación de la responsabilidad extendida del productor en la recuperación de electrodomésticos, enseres domésticos y vehículos fuera de uso (MPCEIP & GIZ, 2021).
3.3. Consumo Responsable y el Rol Ciudadano
El avance de la economía de características circulares requiere reposicionar al individuo en el mercado, transitando de la categoría de consumidor pasivo hacia el rol activo de ciudadano socialmente corresponsable de los impactos de sus decisiones de adquisición (MPCEIP & GIZ, 2021). Un ciudadano consciente prioriza los productos no de forma exclusiva por sus factores de precio o calidad, más bien evalúa su durabilidad, la transparencia del origen de sus materias primas, su huella ecológica y su capacidad de reciclabilidad efectiva al final de su uso (MPCEIP & GIZ, 2021). La propuesta del Libro Blanco en este ámbito se organiza en torno a las denominadas "nueve erres", las cuales detallan las acciones concretas en las que participa el ciudadano, tales como rechazar empaques innecesarios, reducir el consumo de energía y agua, reparar dispositivos antes de descartarlos y entregar los materiales clasificados en el origen a los recicladores locales (MPCEIP & GIZ, 2021).
Para facilitar estas conductas, la política pública debe implementar directrices de arquitectura de opciones mediante estrategias conductuales, estableciendo alternativas por defecto que desincentiven de forma inconsciente el desperdicio (Arellano Gault & Barreto Pérez, 2016) (MPCEIP & GIZ, 2021). Por ejemplo, configurar como opción predeterminada en los locales comerciales la no impresión de comprobantes de venta físicos o la exclusión de sorbetes y bolsas plásticas de uso único, trasladando la decisión de solicitarlos expresamente al comprador (MPCEIP & GIZ, 2021). Adicionalmente, el acceso a información clara constituye un requerimiento indispensable para posibilitar el consumo responsable; en este sentido, un estudio realizado evidenció que, aunque el 53% de los encuestados ecuatorianos considera notable que los productos incluyan sellos ambientales, únicamente el 9% comprende con certeza su significado técnico (MPCEIP & GIZ, 2021). De ahí que resulte oportuno aplicar las directrices principales de accesibilidad, claridad y fiabilidad establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en las iniciativas nacionales de ecoetiquetado, evitando que las empresas utilicen afirmaciones engañosas de mercadeo verde o lavado de imagen ambiental (MPCEIP & GIZ, 2021).
3.4. Gestión Integral de Residuos Sólidos
La gestión integral de residuos sólidos representa el ámbito operativo de mayor complejidad técnica y social para los gobiernos locales en el Ecuador, en un contexto donde el descarte incontrolado genera severos impactos socioambientales (MPCEIP & GIZ, 2021). El país genera diariamente más de doce mil toneladas de residuos sólidos domiciliarios, de los cuales la fracción orgánica constituye el 56.6% del total nacional (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020) (MPCEIP & GIZ, 2021). A pesar de este enorme potencial biológico, apenas un porcentaje reducido de los desechos orgánicos recibe tratamiento técnico mediante procesos de compostaje o digestión anaeróbica, mientras que el remanente es depositado en rellenos sanitarios o vertederos que aceleran la emisión de metano a la atmósfera, un gas con un potencial de calentamiento global veintiocho veces superior al del dióxido de carbono (Solíz Torres et al., 2020) (MPCEIP & GIZ, 2021).
De este modo, se propone sustituir de forma gradual la recolección masiva indiferenciada por sistemas municipales de clasificación domiciliaria obligatoria y recolección diferenciada de residuos inorgánicos y orgánicos (MPCEIP & GIZ, 2021). El robustecimiento de estos flujos de materiales debe estructurarse reconociendo formalmente y remunerando el servicio ambiental que prestan los recicladores de base y gestores privados, integrando mecanismos de pago por tonelada recuperada y facilitando su acceso a la seguridad social como una medida de justicia distributiva en la gestión pública (Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo, 2015) (MPCEIP & GIZ, 2021). Asimismo, la logística inversa de materiales de difícil reciclabilidad, tales como el plástico de alta densidad, envases de fertilizantes, aceites usados y residuos de aparatos eléctricos, se puede dinamizar mediante la aplicación de la responsabilidad extendida del productor, asegurando que las industrias asuman los costos logísticos y financieros de la recolección y reciclaje de los productos que colocan en el mercado (Torresano et al., 2020).
4. Propuestas de proyectos de viabilidad para la implementación
Con el propósito de operativizar de forma pragmática las directrices teóricas del Libro Blanco, se priorizaron cinco proyectos de viabilidad basados en metodologías de marco lógico (MPCEIP & GIZ, 2021). Estas iniciativas integran los componentes conceptuales del ecosistema circular con metas territoriales específicas para resolver problemas de gran impacto en el bienestar de la población y el equilibrio de los ecosistemas del país (MPCEIP & GIZ, 2021). Los proyectos priorizados contemplan el cierre del ciclo hídrico y el aprovechamiento agrícola de nutrientes recuperados de las aguas residuales, un problema de gran consideración si se considera que en la actualidad se trata únicamente el 23.3% de las descargas líquidas municipales del país (MPCEIP & GIZ, 2021). A través de la construcción de infraestructura descentralizada de saneamiento con tecnologías biológicas de bajo costo, se prevé la recuperación de fósforo y nitrógeno para la producción local de biofertilizantes, reduciendo consecuentemente la dependencia de fertilizantes de importación (MPCEIP & GIZ, 2021).
En segunda instancia, se plantea la reducción de pérdidas de alimentos a lo largo de toda la cadena de suministro agropecuaria y agroindustrial mediante la aplicación de principios de bioeconomía, en estrecha alineación con los lineamientos de planificación rural sostenible (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2016) (MPCEIP & GIZ, 2021). Este proyecto busca mejorar el rendimiento de la tierra de cultivo y evitar la expansión de la frontera agrícola, conectando a los pequeños productores con mercados locales estacionales y facilitando la donación de productos aptos para consumo humano a los bancos de alimentos que operan en las principales ciudades del país, tales como Quito, Guayaquil y Cuenca (MPCEIP & GIZ, 2021). En el ámbito industrial y tecnológico, el proyecto de establecimiento de simbiosis industrial a nivel provincial tiene como propósito estructurar los flujos de energía y materiales entre empresas manufactureras y de servicios asociadas, apoyando la creación de bolsas de materiales digitales y la reformulación de los incentivos previstos en las zonas especiales de desarrollo económico para atraer capitales de riesgo interesados en el ecodiseño (MPCEIP & GIZ, 2021).
Finalmente, los proyectos de construcción de capacidades por provincia y de adopción de modelos basura cero para los gobiernos autónomos descentralizados municipales buscan fortalecer el capital humano local y reestructurar los presupuestos de saneamiento cantonal (MPCEIP & GIZ, 2021). Cada municipalidad asume un costo promedio de 95.70 dólares por tonelada de residuos recolectados y dispuestos en celdas de descarte; al reconvertir de forma gradual esta gestión hacia sistemas basura cero, los recursos públicos se pueden redirigir para subvencionar emprendimientos circulares de reparación, mantenimiento y confección textil, dinamizando la economía popular y solidaria y dignificando las condiciones de empleo de miles de recicladores informales en todo el territorio ecuatoriano (MPCEIP & GIZ, 2021).
5. Desconexiones entre la Planificación Estatal y la Realidad Cantonal: Evaluación de la Propuesta Circular Nacional
La propuesta de transición planteada en el Libro Blanco de Economía Circular de Ecuador de 2021, si bien posee un sustento conceptual valioso, exhibe marcadas debilidades estructurales, vacíos normativos y desconexiones con la realidad operativa de los gobiernos locales que condicionan su viabilidad de ejecución. Al examinar críticamente sus contenidos y los diagnósticos que lo respaldan, se evidencian contradicciones de gran peso que restringen la concreción de los objetivos declarados.
En primer lugar, los proyectos de ley diseñados para normar esta materia evidencian omisiones regulatorias muy graves. El proyecto de Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva adolece de vacíos preocupantes: no estructura de manera clara la articulación de responsabilidades entre el sector privado y los gobiernos autónomos descentralizados. Tampoco incorpora incentivos para que las empresas privadas adopten el ecodiseño o la simbiosis industrial, ni prevé mecanismos técnicos para viabilizar procesos de producción limpia. Adicionalmente, esta norma ignora a una parte sustancial de los trabajadores de la economía popular y solidaria, como artesanos, sastres, zapateros y reparadores, concentrándose de forma casi exclusiva en el sector de los recicladores de base. De manera contradictoria, la ley autoriza la importación de residuos extranjeros bajo el argumento de abastecer a la industria, a pesar de que el propio Estado ecuatoriano carece de capacidades técnicas para monitorear y fiscalizar el origen y la trazabilidad de los materiales post-consumo que circulan en el territorio nacional. En el mismo sentido, la propuesta legal orientada a evitar el desperdicio de alimentos excluye la innovación agropecuaria como vía para acrecentar la productividad del suelo orgánico, y omite prohibir de forma expresa que las grandes corporaciones incineren o entierren alimentos aptos para el consumo humano que han sido dados de baja de sus inventarios.
En segundo lugar, se constata una profunda desconexión entre la planificación gubernamental y la precaria situación administrativa de los cantones. Aunque la propuesta nacional promueve un cambio de rumbo hacia esquemas municipales de basura cero, la realidad operativa de los gobiernos municipales es sumamente deficiente. Únicamente el 36.4% de los municipios del país aplica algún método de separación de desechos en el origen. Esto se suma a que las municipalidades asumen costos sumamente elevados por el barrido, recolección y enterramiento de materiales, sosteniendo subsidios que oscilan entre el 42% y el 77.7% del costo total del servicio. La transición propuesta presupone que los municipios guiarán el cambio de comportamiento ciudadano y la recolección diferenciada; de todas maneras, la mayoría de los gobiernos locales carece de herramientas e infraestructura técnica elemental, incluso de balanzas en sus centros de disposición, lo cual imposibilita recopilar datos cuantitativos y cualitativos exactos para caracterizar y monitorear los residuos que se generan. Planificar metas de largo alcance sobre bases estadísticas inexistentes o desactualizadas constituye una debilidad metodológica que resta seriedad al proceso.
En tercer lugar, el proceso participativo que dio forma al Libro Blanco presenta sesgos de representatividad de consideración. Debido a la crisis de salud, los talleres de consulta sectorial hubieron de realizarse por medios digitales. Esta modalidad virtual excluyó de forma automática a múltiples agrupaciones y ciudadanos de sectores rurales e informales que carecen de conectividad regular a internet. Por esta causa, las voces recopiladas corresponden predominantemente a gremios formales y académicos urbanos, dejando al margen las realidades y conocimientos tradicionales del sector campesino y artesanal que resultan indispensables para estructurar ciclos biológicos y técnicos adaptados a la realidad rural.
Finalmente, la viabilidad de la propuesta se encuentra amenazada por factores económicos y de comportamiento que el texto no pondera debidamente. El Libro Blanco enfoca gran parte de sus metas en la ganancia de eficiencia de materiales y energía; con todo, no establece salvaguardas frente al fenómeno conductual del efecto rebote. En este escenario, la reducción de costes por unidad de producto derivada de mejoras técnicas suele incentivar a los consumidores a elevar su adquisición de bienes, anulando el beneficio ambiental inicial y acelerando el consumo de recursos materiales en términos absolutos. Asimismo, el planteamiento de cerrar el ciclo hídrico y recuperar nutrientes resulta utópico en el corto y mediano plazo si se considera que en el país se trata únicamente el 23.3% de las descargas de aguas residuales domésticas. Sin una inversión masiva previa en infraestructura sanitaria cantonal, la recuperación de compuestos biológicos como fósforo y nitrógeno para la agricultura nacional carece de base real de ejecución
6. Ruta Operativa para la Sostenibilidad Material: Acciones Legales y Territoriales
Para estructurar una propuesta de mejora viable frente a las flaquezas detectadas en la política nacional de economía circular, es indispensable aplicar reformas operativas y normativas que aterricen las directrices teóricas en la realidad de los cantones.
En primer lugar, para subsanar la desconexión entre el sector privado y los gobiernos autónomos descentralizados municipales (GADM), se debe estructurar una reforma legal que condicione el acceso a los incentivos tributarios de la Ley de Fomento Productivo. Específicamente, conviene dictaminar que las exenciones al impuesto a la renta y a la salida de divisas se otorguen únicamente a las corporaciones que firmen acuerdos vinculantes de logística inversa con los GADM. De esta manera, el sector corporativo asumirá los costos financieros y de transporte de la recolección de envases y enseres posconsumo, aliviando de forma real la carga presupuestaria que hoy asumen las municipalidades.
En segundo lugar, la incapacidad de los municipios para registrar datos estadísticos reales debe corregirse mediante un programa nacional de fortalecimiento de infraestructura básica. Se plantea equipar a las estaciones de transferencia cantonales con balanzas industriales y tecnologías de pesaje digital, permitiendo la caracterización periódica de los flujos de materiales descartados. Con el respaldo técnico de la academia, se propone implementar de forma obligatoria auditorías de marca en los rellenos sanitarios y vertederos, aplicando la metodología de caracterización de residuos. Al registrar e identificar con precisión cuáles corporaciones colocan los materiales plásticos y de empaque que terminan enterrados, se podrán fijar metas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) ajustadas al volumen real de descarte de cada marca.
En tercer lugar, para corregir la exclusión de los trabajadores informales en la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, se debe formalizar y visibilizar todo el espectro laboral de la economía popular y solidaria (EPS). Esto requiere extender los programas de capacitación y financiamiento público más allá de los recicladores de base, incluyendo formalmente a artesanos, sastres, zapateros, mecánicos y reparadores de enseres. Mediante alianzas con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se pueden generar líneas de microcrédito específicas y flexibilizar los requisitos de seguridad social para estos gremios, de modo que la ciudadanía prefiera acudir a servicios de reparación y mantenimiento local para alargar la vida útil de sus bienes antes de considerar su descarte definitivo.
En cuarto lugar, con el propósito de corregir los sesgos de representatividad derivados de las consultas virtuales, el Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE) debe coordinar talleres participativos presenciales en el territorio rural. Estos encuentros en campo permitirán recopilar de manera directa las demandas y saberes tradicionales de los pequeños productores agrícolas, quienes carecen de conectividad estable a internet. A través de este acercamiento, se pueden integrar técnicas ancestrales de cultivo y conservación de alimentos en las hojas de ruta regionales, conectando de forma directa a las asociaciones campesinas con los mercados urbanos de temporada para reducir las pérdidas en la fase de poscosecha.
Finalmente, ante la dificultad de cerrar los ciclos de agua y nutrientes por la baja cobertura de saneamiento, se propone descartar los costosos proyectos de megaplantas centralizadas de tratamiento químico. Por el contrario, se debe estimular la construcción de plantas piloto descentralizadas con tecnologías biológicas de bajo costo de mantenimiento, como filtros de microalgas, en los cantones con alta actividad agropecuaria. Estos sistemas locales facilitarán la recuperación in situ de fósforo y nitrógeno de las aguas residuales domésticas, generando biofertilizantes que sustituyan a los insumos importados. Adicionalmente, para neutralizar el efecto rebote en la adquisición de productos eficientes, los diseñadores de la política pública deben incorporar señales de precio conductuales que desincentiven de forma predeterminada el descarte acelerado, equilibrando el beneficio tecnológico con un consumo responsable
7. Conclusiones
El análisis de la transición circular en el Ecuador evidencia que la formulación de directrices estatales de carácter abstracto resulta estéril si carece de un correlato operativo y presupuestario adaptado a las capacidades reales de las municipalidades. La transición de flujos materiales no puede depender de compromisos de carácter puramente voluntario; al contrario, demanda reformas de corte estructural que regulen la corresponsabilidad corporativa y disminuyan las asimetrías existentes entre los centros de fabricación industrial y los cantones de la periferia. De ahí que la viabilidad de este proceso radique en condicionar los beneficios fiscales de las grandes corporaciones a la firma de convenios obligatorios de logística inversa con los cabildos, aliviando de este modo el gasto público municipal en el enterramiento de materiales valorizables y equilibrando la balanza de responsabilidades a lo largo de toda la cadena de valor.
Asimismo, se deduce que el fortalecimiento del tejido laboral de base y el desarrollo de infraestructura de medición local constituyen requerimientos indispensables para corregir las deficiencias estadísticas y operativas que aquejan a la gestión de residuos sólidos. Sustituir los proyectos de megaplantas centralizadas de tratamiento químico por sistemas biológicos descentralizados de bajo coste operativo para la recuperación in situ de nitrógeno y fósforo viabiliza la reconexión de los ciclos biológicos con el sector agropecuario rural. Del mismo modo, la formalización y el amparo de los oficios de la economía popular y solidaria, representados por reparadores, sastres y mecánicos locales, constituye una vía de gran efectividad para ralentizar la obsolescencia y el descarte de bienes, asegurando que las metas de conservación ecológica se traduzcan en condiciones de empleo dignas y estables para toda la población del territorio nacional
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