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Igualmente, se les exige realizar un seguimiento continuo de sus emisiones y adoptar medidas correctivas en caso de que se detecten niveles de contaminación que puedan afectar la calidad del aire. La normativa establece un sistema de evaluación y monitoreo de la calidad del aire que incluye la creación de redes de vigilancia y la realización de informes periódicos sobre el estado del aire en diferentes regiones del país. Esta información es crucial para la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas efectivas. Además, la ley promueve la transparencia, permitiendo que la ciudadanía tenga acceso a datos sobre la calidad del aire y las medidas adoptadas para su mejora. Por tanto, se configura como un marco legal esencial para la protección del aire en España, que no solo busca mitigar los efectos de la contaminación, sino también promover un desarrollo sostenible. A través de la colaboración entre administraciones y la participación activa de la sociedad, se espera una contribución a la mejora de la calidad del aire, beneficiando así la salud pública y el medio ambiente. En un mundo donde los desafíos ambientales son cada vez más urgentes, la Ley se erige como un compromiso firme hacia un futuro más limpio y saludable. Fuente de la imagen: mvc archivo propio.
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[1] Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Publicado en: «BOE» núm. 275, de 16/11/2007.