Gestión Integrada Calidad Ambiental andaluza

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La Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía[1], representa un hito significativo en la regulación y protección del medio ambiente en esta región española, enmarcándose dentro de un contexto más amplio de desarrollo sostenible y responsabilidad compartida entre las administraciones públicas y la sociedad, buscando un equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación del entorno natural. La ley tiene como finalidad establecer un marco normativo que garantice la incorporación de criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones relacionadas con planes, programas y proyectos. Esto se traduce en la prevención de impactos ambientales y en la creación de mecanismos eficaces para corregir o compensar efectos adversos. Entre sus fines, se destacan la mejora de la calidad de vida, el acceso a información ambiental, la promoción de la participación ciudadana y la educación ambiental. Los principios que inspiran esta ley son fundamentales para su aplicación, enfatizando en la utilización racional y sostenible de los recursos naturales, la responsabilidad compartida entre administraciones, empresas y ciudadanos, así como la transparencia y participación en la gestión ambiental.

Se introducen una serie de instrumentos y mecanismos con la finalidad de fomentar la responsabilidad compartida en la protección del medio ambiente, promoviendo acuerdos voluntarios y estableciéndose un distintivo de calidad ambiental para las empresas andaluzas, incentivando, de esta forma, la inversión en tecnologías limpias y la reducción de la incidencia ambiental de las actividades productivas. Asimismo, se regula un sistema de responsabilidad y reparación por daños al medio ambiente, alineándose con la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo, sistema que incluye la exigencia de garantías financieras para responder a posibles daños ambientales, reforzando el principio de "quien contamina, paga". La ley también racionaliza y actualiza el régimen de vigilancia e inspección, estableciendo un conjunto de infracciones y sanciones que buscan garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales, enfoque que busca sancionar, educar y sensibilizar a la población sobre la importancia de la protección ambiental. Por todo lo anterior, esta normativa se catapulta como un marco integral que busca promover un desarrollo sostenible en Andalucía, estableciéndose un camino hacia la mejora de la calidad ambiental y la protección de los recursos naturales.

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[1] Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental Publicado en: «BOJA» núm. 143, de 20/07/2007, «BOE» núm. 190, de 09/08/2007. Entrada en vigor: 20/01/2008.