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Para ello, la cohesión económica en España debe sustentarse en principios como el de la solidaridad, la descentralización o la igualdad y su materialización implica la adopción de políticas fiscales, sociales y laborales, junto a la promoción del desarrollo económico de aquellas comunidades más atrasadas o desfavorecidas.
Por tanto, no cabe duda del rol de la Administración Pública en la promoción de esta cohesión, a través de la ejecución de políticas públicas y la gestión de sus recursos públicos, elaborando planificaciones y programaciones y en un marco de colaboración y coordinación con el resto de agentes públicos y privados implicados o afectados.