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Resumen: La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, se erige como una pieza para introducir las reformas estructurales necesarias que favorezcan un desarrollo económico sostenible. El concepto de economía sostenible, a los efectos de esta ley, se entiende como un patrón de crecimiento que concilia el desarrollo económico, social y ambiental. Este modelo promueve una economía productiva y competitiva que favorece el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, garantizando simultáneamente el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras. El plan de reformas se estructura en torno a cuatro Títulos principales: Mejora del Entorno Económico, Competitividad, Sostenibilidad Medioambiental, e Instrumentos de Aplicación y Evaluación.
Palabras Clave: Economía Sostenible; Competitividad; Sostenibilidad Ambiental; Reforma Estructural; Cohesión Social; Organismos Reguladores.
Summary: Law 2/2011, of March 4, on the Sustainable Economy, stands as a element in introducing the necessary structural reforms to promote sustainable economic development. For the purposes of this law, the concept of a sustainable economy is understood as a growth pattern that reconciles economic, social, and environmental development. This model promotes a productive and competitive economy that fosters quality employment, equal opportunities, and social cohesion, while simultaneously ensuring environmental respect and the rational use of natural resources to meet the needs of present and future generations. The reform plan is structured around four main sections: Improving the Economic Environment, Competitiveness, Environmental Sustainability, and Implementation and Evaluation Instruments.
Keywords: Sustainable Economy; Competitiveness; Environmental Sustainability; Structural Reform; Social Cohesion; Regulatory Bodies.
I. Introducción
La Ley de Economía Sostenible es el resultado de una Estrategia de recuperación de la economía española elaborada por el Ejecutivo, que busca acelerar la renovación del modelo productivo, iniciada en 2004.
El objetivo es reducir la excesiva dependencia de sectores sujetos a la coyuntura e impulsar actividades que ofrezcan mayor estabilidad en su desarrollo, especialmente en la generación y el mantenimiento de empleo de alta cualificación.
La Estrategia adoptada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2009 articula un programa de reformas enfocado en un crecimiento equilibrado, duradero y sostenible en tres vertientes:
1. Económicamente: Basado en la mejora de la competitividad, la innovación y la formación.
2. Medioambientalmente: Convirtiendo la gestión racional de los medios naturales en una oportunidad para nuevas actividades y empleos.
3. Socialmente: Promoviendo y garantizando la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
La acción de los poderes públicos para impulsar esta sostenibilidad se guía por principios como la mejora de la competitividad, el fomento de la capacidad innovadora de las empresas, el ahorro y la eficiencia energética, la promoción de las energías limpias, y la racionalización de la construcción residencial.
II. Ejes de Transformación Normativa
Se introduce cambios con alcance estructural en varios ámbitos clave:
1. Mejora del Entorno Económico
Este título se centra en las actuaciones del sector público para garantizar un entorno eficiente y de apoyo a la competitividad. Incluye la mejora de la calidad de la regulación, enfatizando la transparencia y la evaluación previa y posterior de las iniciativas normativas.
Un aspecto relevante es la reforma de los organismos reguladores, introduciendo un marco horizontal común que asegura su independencia funcional frente al Gobierno y al sector. Se establecen nuevos mecanismos de rendición de cuentas, como la comparecencia de candidaturas a la dirección ante el Parlamento.
En el ámbito de los mercados financieros, se promueve el incremento de la transparencia y la mejora del gobierno corporativo. Se obliga a las sociedades cotizadas a poner a disposición de las personas accionistas un informe sobre remuneraciones que debe ser aprobado en la Junta General. También se refuerza la protección de la clientela, exigiendo a las entidades de crédito evaluar la solvencia del potencial prestatario (práctica del crédito responsable).
Además, se busca la sostenibilidad financiera del sector público mediante políticas de racionalización y contención del gasto, y la adaptación de las empresas públicas a la gestión sostenible, incluyendo la presentación de memorias de sostenibilidad que presten especial atención a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la plena integración de las personas con discapacidad.
2. Impulso de la Competitividad
El Título II aborda la eliminación de obstáculos administrativos y tributarios. Las medidas se concentran en tres ejes de mejora:
• Simplificación Administrativa: Se insta al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a impulsar reformas para ampliar el ámbito del silencio administrativo positivo. En las licencias locales de actividad, se restringe su exigencia a aquellas actividades que afecten a la protección de la salud o seguridad públicas, el medioambiente o el patrimonio histórico-artístico.
• Ciencia e Innovación (I+D+i): Se busca una mayor vinculación con la actividad empresarial. Se facilita que los centros de investigación transfieran conocimientos al sector privado y se fomenta la participación en empresas innovadoras de base tecnológica. Fiscalmente, se incrementa la deducción en el Impuesto sobre Sociedades de las actividades de innovación tecnológica del 8% al 12%.
• Formación Profesional: Se introducen reformas para facilitar la adecuación constante de la oferta formativa a las demandas del sistema productivo. Se impulsa la oferta integrada de formación profesional y la colaboración con las empresas privadas. Se promueve el fomento de la iniciativa emprendedora y la agilización de la actualización del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
3. Sostenibilidad Medioambiental
Este título establece objetivos nacionales para 2020, como una participación mínima del 20% de energías renovables en el consumo de energía final bruto. Se impulsa un modelo energético que garantice la seguridad del suministro y la eficiencia económica, buscando la creciente incorporación de energías renovables.
Respecto a la reducción de emisiones, se promueve el aumento de la capacidad de absorción por sumideros forestales y se crea el Fondo de carbono para una economía sostenible (FES-CO2), destinado a generar actividad económica baja en carbono, adquirir créditos de carbono (incentivando la participación empresarial) y fomentar el desarrollo tecnológico para la descarbonización.
En transporte y movilidad, se establecen principios para fomentar los medios de transporte de menor coste ambiental y energético. Se regula la creación de Planes de Movilidad Sostenible (autonómicos, supramunicipales o municipales) que deben incluir un diagnóstico, objetivos, medidas, y un análisis de costes y beneficios económicos, sociales y ambientales.
III. Conclusión
La Ley 2/2011 establece la definición de la Economía Sostenible y proporciona un conjunto de reformas transversales para orientar la actuación de todas las administraciones públicas y agentes económicos hacia un modelo de crecimiento más sólido, innovador y socialmente inclusivo.
Los instrumentos de aplicación, como el Fondo de Economía Sostenible y el informe bianual del Gobierno sobre el desarrollo de la economía sostenible, buscan asegurar el seguimiento continuo y la adaptación de las políticas públicas a los objetivos de la sostenibilidad.
IV. Referencia
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Jefatura del Estado «BOE» núm. 55, de 05 de marzo de 2011.
Texto actualizado en base a las modificaciones posteriores de la normativa.