El rol de la Administración Pública

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En el marco de una ponencia sobre gestión de subvenciones, que impartí en el incomparable marco del Balneario de Mondariz (M. Velasco, 2010)[1], ante la pregunta de un asistente “Que pasará, poñente, cando cambie a cor política do Goberno no poder?” (¿Qué pasará, ponente, cuando cambie el color político del Gobierno de turno?), le respondí La frase "En un Estado democrático y social los gobiernos van y vienen, pero la Administración Pública siempre permanece", enunciado propio con el que pretendía encapsular una, para mí, verdad fundamental sobre la naturaleza del poder y la gestión pública. Y es que, los gobiernos, como expresiones del poder político, son entidades cambiantes, puesto que las elecciones, los movimientos sociales y los procesos históricos dan lugar a la alternancia en el poder, de forma que los partidos políticos, las ideologías y las personas que ocupan cargos públicos se suceden en el tiempo.

Sin embargo, detrás de esta dinámica constante, subyace, a l menos en mi país, una no tan imperceptible estructura más estable y duradera: la Administración Pública (AP). Sí, AP como conjunto de órganos y procedimientos mediante los cuales se ejerce el poder ejecutivo del Estado; ese brazo ejecutor de las leyes y políticas públicas, encargado de prestar servicios a la ciudadanía y de gestionar los recursos públicos, que, de alguna manera, viene a garantizar la continuidad del Estado, más allá de los cambios políticos, mecanismo que mantiene las funciones esenciales del gobierno, como la seguridad, la justicia, la educación y la salud, acumulando un valioso conocimiento y experiencia a lo largo del tiempo, acervo trascendental para tomar decisiones informadas y garantizar la eficiencia en la gestión pública, en su perenne finalidad de servicio a los intereses generales del pueblo, satisfaciendo las necesidades de la ciudadanía y mejorando su calidad de vida.

Pero ¿Por qué la AP permanece mientras los gobiernos cambian? Por su Naturaleza, su Legitimidad y su Neutralidad. Naturaleza en el sentido de que gran parte de las funciones de la AP tienen un carácter técnico y especializado, siendo los procedimientos administrativos, los sistemas informáticos y las regulaciones elementos que requieren continuidad y estabilidad. Asimismo, la AP deriva su legitimidad del ordenamiento jurídico y de la Constitución Española (CE), lo que implica que sus funciones y competencias se encuentra definidas en el ordenamiento jurídico, situándola encima de los cambios políticos coyunturales. Finalmente, no cabe duda que la AP debe actuar con neutralidad política y objetividad, sirviendo a la ciudadanía por igual, independientemente de sus afiliaciones políticas. Concluyendo, en un estado social y democrático de derecho, la AP debe garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento de las instituciones públicas.

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[1] Velasco-Carretero, Manuel (2010). Poñente. Sitio visitado el 18/05/2011.